Si el mes que viene no se inician las obras, caducará la licencia para rehabilitar el viejo edificio abandonado desde hace 35 años de la calle Celso Amieva, en Llanes, y los dueños perderán el dinero que invirtieron en ella y el proceso volverá a la casilla de salida. Pero, además, el equipo de Gobierno llevará al propietario al Juzgado.
Costó tres años desbloquear los trámites administrativos del inmueble y, finalmente, en 2019 se anunció la construcción de un renovado edificio en el que habría 40 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con trasteros y bajos comerciales. La zona, al fin, quedaría saneada y el ruinoso edificio que afea el entorno educativo de la villa llanisca se convertiría en un nuevo inmueble de viviendas con pistas de pádel. Pero se quedó en proyecto porque las obras nunca llegaron a iniciarse. Ahora, el Ayuntamiento de Llanes "se mantiene vigilante y a la espera de que los trabajos arranquen el próximo mes de octubre". Si no, la administración local emprenderá "las acciones legales que correspondan para acabar de una vez con esta situación" y la propiedad tendrá que responder ante la circunstancia que se prolonga ya en más de seis meses, el tiempo transcurrido desde que se le concedió la licencia de obras.
No es la primera vez que la propiedad recibe un toque de atención. Desde la Concejalía de Urbanismo llanisca se requirió durante este tiempo a los dueños para que evitasen los desprendimientos de la fachada y que se desarrollaran tareas de limpieza en el entorno, en aras de garantizar la seguridad de los viandantes. Pero tampoco lo hicieron. Así, fue el propio Consistorio quien elaboró "un plan de intervención con varias actuaciones" para que iniciaran, al menos, estas obras. Estaba presupuestado en 26.000 euros y tenía un plazo de ejecución de un mes. Pero también se agotó este tiempo "sin que cumplieran con lo requerido" y con las sanciones pertinentes a las espaldas de los promotores. Finalmente, se valló la acera para evitar el tránsito peatonal, por estar ubicado el inmueble cerca del colegio público Peña Tú y del Instituto de Educación Secundaria. El tránsito, por tanto, es ahora mayor con el inicio del curso escolar.
No es la primera vez que el edificio se blinda para evitar el paso de peatones a su alrededor. En el año 2008 el Gobierno local dio un plazo de 10 días a la propiedad para que reactivara las obras o actuara en el inmueble para evitar su derrumbe. Anunciaron, incluso, que de no hacerlo el edificio sería expropiado. No se hizo. Y en 2015, con la llegada del actual Ejecutivo, la Concejalía de Urbanismo decidió incoar expediente para declarar la caducidad de la licencia municipal otorgada en 1983 para la construcción de este edificio. Ahora, contra todo pronóstico, está a punto de llegar otra caducidad.