El plan de supresión de los pasos a nivel de Quintana y Piedra ha encontrado una nueva barrera. Un grupo de “vecinos, familias y propietarios afectados”, como se hacen llamar, quiere reiniciar toda la tramitación y exposición. Dicen que no conocen el proyecto definitivo porque “nunca” han sido informados “debida y pormenorizadamente de las actuaciones”. Pero además reprochan al Ayuntamiento de Llanes no haber tenido en cuenta a los inquilinos de segundas residencias o a quienes no están empadronados en la zona, pese a ser afectados directos de las expropiaciones necesarias para ejecutar el plan.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) anunció hace años que prevé suprimir tres pasos a nivel entre Quintana y Piedra, y en los últimos documentos que se hicieron públicos se contemplaba la supresión y, además, la posibilidad de levantar dos pasos elevados para vehículos, abrir un camino paralelo a la vía y construir tres áreas peatonales subterráneas en el trazado afectado.
La decisión se aprobó en dos concejos públicos que acabaron con el apoyo mayoritario de los vecinos de Quintana y Piedra (las dos localidades afectadas). Aunque esto también genera dudas a los vecinos por la forma en que fue convocado y ejecutado el contenido y las votaciones.
Por todo ello, este grupo de afectados quiere plantear “una duda razonable sobre una gestión que deja entrever muchas lagunas; y abrir el margen, si todavía es posible, de poder abrazar otra solución contando desde el principio con las ideas, aportaciones y posibilidades que puedan ofrecer, sobre el terreno y con pleno conocimiento de causa, los vecinos del pueblo, que conocen cada metro cuadrado de la zona en la que viven, para así poder, junto con los especialistas, pensar todavía otros posibles trazados, que, dicho sea de paso, existen”.
El proceso estaba ahora en manos del Gobierno local, que contando con el parabién de los vecinos debería llevar a Pleno la votación. De aprobarse en el seno municipal, se daba luz verde al Ministerio de Fomento para iniciar los trabajos. Pero ahora quieren paralizar el proceso y retomarlo desde el principio porque “no se ha explicado de forma completa, clara y precisa por parte de instituciones, autoridades y unidades de gestión específica”, aseguran. Y las decisiones se han tomado en concejos públicos en los que, según defienden, “no se contaba con afectados –por no estar empadronados–” y en los que “las votaciones se hicieron sin explicar claramente a los vecinos el significado de las mismas”, censuran.
A su entender, ha habido por parte de las concejalas de zona Marián García de la Llana, en la anterior legislatura, y Priscila Alonso, en la actual, “un grave problema por la falta de una gestión coherente, honrada y veraz”; lo que, “por extensión, ha provocado un malestar profundo entre vecinos del mismo pueblo, y también entre dos localidades, Quintana y Piedra, que siempre han sido ejemplares en su trato mutuo”, reprochan.
Los vecinos que ahora se unen en esta petición defienden que ellos no se han opuesto “nunca” a encontrar una solución “que de verdad pueda contentar a todos” y que “la seguridad debe ser lo que prime en todo momento” puesto que ésta “ha de estar por encima de todo”. Sin embargo, “en la búsqueda de la solución debe primar la alternativa que cause el menor perjuicio posible”.
Además, recuerdan que la situación urbanística de Llanes, que carece de un Plan General de Ordenación, choca directamente con cualquier desarrollo o actuación. “Por lo tanto, toda ejecución que se apruebe o signifique modificación alguna en los términos de otorgamiento para ejecución y licencias en las zonas calificadas como rurales, puede carecer de validez legal”, amenazan.
“Por el momento no contemplamos llevar todo esto a los tribunales, lo que queremos es reiniciarlo con el ánimo de entender, clarificar y aportar luz y orden a lo que desde hace aproximadamente tres años viene sucediendo con este delicado asunto”, zanjan.
