El fiscal pide inhabilitar nueve años a dos exediles del PSOE de Llanes por prevaricación

Los acusados adjudicaron a dedo veinte contratos menores sucesivos a una arquitecta, que cobró más de 200.000 euros durante casi seis años

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Dos exconcejales del PSOE de Llanes afrontarán el próximo miércoles 7, a las 9.30 horas, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, el inicio de las sesiones del juicio oral como presuntos autores de un delito continuado de prevaricación. Según la Fiscalía, Francisco José Balmori y José Manuel Herrero adjudicaron a dedo veinte contratos menores a una arquitecta, que gracias a ello trabajó durante casi seis años seguidos en el Ayuntamiento de Llanes y cobró algo más de 204.381,88 euros.

La acusación pública solicita para los dos acusados penas de inhabilitación para empleo o cargo público en las corporaciones locales, así como la imposibilidad de concurrir a elecciones o ser nombrados para puesto representativo o gestor por una autoridad pública. Para Balmori se piden nueve años y nueve meses, y para Herrero, nueve años y tres meses.

El fiscal apunta que Francisco José Balmori, durante su etapa como concejal delegado de Urbanismo, "con incumplimiento de las normas que regulaban la contratación en el sector público y con la finalidad de eludir los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia e igualdad de trato y elegir y mantener al contratista atendiendo a su mera voluntad adjudicó de manera directa, bajo la figura de contratos menores sucesivos con el mismo objeto y sin la aplicación del procedimiento de concurrencia competitiva, la prestación de los servicios de asistencia técnica a la Oficina Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes para la realización de informes de tramitación de los instrumentos de gestión y desarrollo y otros" a una arquitecta, "durante años y con una cuantía total muy superior a los límites legales".

En concreto, Balmori dictó 16 resoluciones entre el 21 de enero de 2008 y el 8 de febrero de 2012 por las que adjudicó otros tantos contratos menores a esta arquitecta, por períodos de entre 3 y 6 meses, cada uno, y por un importe total de 142.770,72 euros.

Los contratos adjudicados por ese acusado concluyeron el 8 de julio de 2012, pero dos días antes, José Manuel Herrero, concejal delegado de Licencias y Disciplina Urbanística, firmaba una resolución similar a las anteriores, que sería la primera de un total de cuatro que permitieron a la misma arquitecta seguir contratada durante casi dos años más. La fiscalía indica que los cuatro contratos menores adjudicados por Herrero tuvieron un importe total de 61.611,16 euros. Esas resoluciones posibilitaron contratos menores de entre 5 y 7 meses de duración, aunque el último de ellos, que debía finalizar el 9 de mayo de 2014, fue rescindido y solo duró 6 meses y 5 días, hasta el 15 de abril de 2014, ya que la arquitecta fue nombrada ese día funcionaria interina del Ayuntamiento.

Según la acusación pública, la fragmentación contractual fue realizada por los acusados "para eliminar las garantías contractuales exigidas por el contrato en su conjunto, es decir con ánimo malicioso de burlar la ley". Resalta que la ley consideraba al inicio de estas adjudicaciones contratos menores de consultoría y asistencia y de los de servicios cuando su cuantía no excediera de 12.020,24 euros, IVA incluido, aunque en 2011 se amplió esa cantidad hasta los 18.000 euros, IVA excluido. Además, ese tipo de contratos no pueden tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios.

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