La rusa acusada de vender garras de oso en Llanes llega a un pacto con el fiscal y evita ir a prisión: estos son los términos del acuerdo
La defensa de la mujer alega que la procedencia de las garras era legal en su país y que las puso a la venta por necesidad
Un oso, captado por las cámaras de la Fundación Oso Pardo. / Fundación Oso Pardo
La mujer rusa acusada de intentar vender desde Llanes ocho garras de oso pardo reconoció los hechos ante el juzgado de lo penal número 2 de Oviedo y aceptó ser condenada al pago de 1.200 euros de multa, así como a una inhabilitación de tenencia de animales de dos años de duración por un delito contra la fauna.
La defensa de la mujer, a cargo del abogado ovetense Jorge García, subraya que la procedencia de las garras era legal en su país de origen.
Por su parte, la mujer declaró a lo largo de la instrucción del caso que puso las partes de los animales a la venta por necesidad y desconociendo la normativa española, alegando también su escaso conocimiento de la lengua española.
La Fiscalía del Principado de Asturias había solicitado inicialmente cárcel para la la mujer de nacionalidad rusa, no solo por vender online ocho garras de oso pardo, sino por tener además expuestos tres cráneos de especies protegidas: uno de cercopiteco, otro de ratonero común y un tercero de buitre leonado.
La investigación había llevado al fiscal a determinar que en noviembre de 2019, la acusada ofreció en venta, a través de distintos anuncios online, ocho garras de oso pardo que conservaba expuestas en una academia de pintura de Llanes.
El día 22 de noviembre de ese mes, la Guardia Civil intervino los efectos ilegales que la acusada tenía expuestos en el establecimiento. La mujer carecía de permiso o autorización administrativa que justificara el origen legal de dichas especies o le permitiera comerciar con ellas.
Por todo ello, la Fiscalía había concluido que los hechos son constitutivos de un delito contra la fauna y solicitó para la mujer un año y tres meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para profesión u oficio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar durante tres años. Esa petición quedó anulada al sellar con la defensa el acuerdo que deja la condena en multa e inhabilitación de tenencia de animales.
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