Admitido el recurso del PP de Ribadedeva contra el acuerdo plenario por el que se aprobó la liberación del alcalde

Los ediles populares afirman que la convocatoria fue realizada "con mala fe" y "a sabiendas" de la ausencia de dos concejales del PSOE

Por la izquierda, Fernando del Barrio e Ignacio Garmendia, concejales del PP de RibadedevaApp Image 2024 05 17 at 11.38.03

Por la izquierda, Fernando del Barrio e Ignacio Garmendia, concejales del PP de RibadedevaApp Image 2024 05 17 at 11.38.03 / R.J.Q.

J. Quince

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo ha admitido el recurso de los concejales del PP de Ribadedeva, Ignacio Garmendia y Fernando del Barrio, contra el acuerdo plenario de 31 de agosto de 2023 que aprobó una liberación del 50 por ciento para el alcalde, Jorge Martínez, con 14 pagas de 1.300 euros.

Juntos por Ribadedeva, partido que gobierna en el concejo, cuenta con cuatro concejales de los nueve que conforma la corporación municipal, por lo que carece de mayoría suficiente para aprobar cuestiones de contenido sin negociar con la oposición. Los ediles populares afirman que la convocatoria a Pleno fue realizada "con mala fe" y "a sabiendas" de la ausencia de dos concejales del PSOE que se encontraban de vacaciones y fuera de España.

En el recurso de reposición presentado por el PP se solicita la anulación del acuerdo plenario, así como la de aquellos otros actos administrativos que tengan su razón de ser en el mismo y la devolución de las cantidades cobradas por el alcalde del concejo, ya que en el orden del día no constaban las liberaciones ni se identificaba el cargo y la persona que iba a liberarse.

Como consecuencia de ello, el alcalde de Ribadedeva, según manifiestan los populares, se “liberó a sí mismo” mediante un decreto de alcaldía posterior y "al más puro estilo aquí mando yo”. Asimismo, denuncian que este acuerdo se adoptó a pesar de que existía un informe del secretario municipal explicando cómo proceder legalmente.

El grupo municipal popular informa que ha presentado un nuevo recurso de reposición con la intención de anular el decreto de alcaldía donde se adjudica el contrato de defensa jurídica para la demanda por valor 2.400 euros, debido a que lo consideran nulo por varios motivos: "No consta que se hayan recabado tres ofertas, no existe un informe del secretario sobre esta contratación y que el alcalde tiene esta competencia delegada en la Junta de Gobierno".