Seis comunidades autónomas y sus respectivas capitales tienen el estatuto de capitalidad que reclama el Partido Popular para Oviedo: Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Pamplona, Mallorca y Canarias.

Cada uno de los textos legales incorpora una serie de particularidades, y también coincidencias, entre las que destaca la financiación de capitalidad, es decir, que cobran por ser capital. En el caso de Mallorca, por ejemplo, 30 millones. En esta comunidad, la financiación de la capitalidad se realiza a través del fondo de compensación con una cantidad que, en principio, era de 5,5 millones. En el resto, hasta llegar a los 30 millones, los aporta el Gobierno regional a través de los Presupuestos de la comunidad autónoma. Se entiende que las ciudades que son capital tienen unos gastos extraordinarios derivados de ese estatus que deben ser compensados. Los costes de capitalidad vienen dados por la reserva de terrenos institucionales en los planes urbanísticos, las cargas relacionadas con las exenciones tributarias, los costes de cogestión que se producen en las infraestructuras viarias por la afluencia de ciudadanos, así como los relativos a cuestiones de seguridad.

Otro elemento que se repite en los estatutos de capitalidad es el Consejo de Capitalidad, un órgano colegiado de carácter permanente, cuyo objeto es la coordinación entre la Administración autonómica y la Corporación municipal.

Oviedo no es la única ciudad que no tiene estatuto de capitalidad y lo reclama. Por ejemplo, la vecina Santander, cuyo alcalde es el popular Íñigo de la Serna, cuenta con un proyecto de estatuto de capitalidad que no prospera en su Parlamento regional porque socialistas y regionalistas prefieren esperar a la nueva ley de Bases del Régimen Local.

Existe, además, un caso singular y único en España, el estatuto de capitalidad compartida que afecta a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en Canarias.