El centro Materno-Infantil del Parque de Invierno (calle Pedro Masaveu) se ha convertido de nuevo en el centro de problemas de orden público y de organización interna. Por un lado se encuentra la cuestión de los denominados «menores extranjeros no acompañados», que son recogidos en la unidad de primera acogida (UPA), uno de los dos grandes bloques en los que se divide el Materno-Infantil. Por otro lado está la situación del área del menor, donde se encuentran los niños de 0 a 3 años. En este caso, la cuestión se centra en un problema de categorías laborales y sus funciones.
Hace tiempo que Jorge Fernández Caldevilla, fiscal delegado de Menores del Principado, lleva advirtiendo sobre los problemas que existen en este tipo de centros, en especial la cuestión de los «menores extranjeros no acompañados». En unas declaraciones por escrito a LA NUEVA ESPAÑA, Caldevilla reconoce que la llegada «regular» al Principado de estos menores, la mayor parte procedentes de Marruecos, «ha supuesto un grave problema para el sistema de centros de protección».
Tras los conflictos provocados por parte de estos jóvenes -«debe evitarse la generalización para no demonizar a un colectivo determinado», advierte el fiscal-, Caldevilla explica que a lo largo del último año «la situación había mejorado», ya que el flujo de menores magrebíes «se redujo», y los jóvenes mejoraron su comportamiento y se superaron los problemas de masificación del Materno. «Pero desde mediados del pasado años volvieron los problemas», prosigue Caldevilla.
El fiscal también pone de manifiesto que existe un «efecto llamada», y descubre que muchos de los menores «reconocen que han venido a Asturias porque les han dado información de que los centros están bien y que aquí se preocupan de facilitarles "los papeles", lo que, por otra parte, es una obligación legal del Principado».
Estos problemas se traducen en agresiones a trabajadores del centro y la comisión de pequeños delitos por la ciudad. Las denuncias de los trabajadores ponen de manifiesto que algunos de estos jóvenes consumen drogas (fundamentalmente disolvente), lo que altera su carácter, y que «insultan, vejan e intentan agredir a los trabajadores y a otros internos», explican desde el centro.
Sin ir más lejos, y según ha podido saber este periódico, el pasado fin de semana la Policía Nacional trasladó al centro a tres de estos menores que había detenido tras agredir a un joven para robarle un móvil. Y el domingo se sospecha que algunos de estos jóvenes asaltaron a un mujer mayor en la calle Juan Escalante de Mendoza para robarle el bolso. La anciana, tal y como acreditó su familia con la denuncia y el parte médico, sufrió varios golpes que necesitaron de puntos de sutura. Y el martes por la tarde los trabajadores del centro tuvieron que avisar a los servicios de emergencia debido a que un joven sufrió una importante intoxicación tras consumir disolvente. Fue trasladado en ambulancia al Hospital.
Los sindicatos ya han puesto en conocimiento del Principado los problemas de seguridad en la UPA. La Administración se comprometió a dotar al servicio de un guarda de seguridad, lo que todavía no ha ocurrido.
Caldevilla está convencido de que este tipo de centros no están preparados para acoger a este tipo de personas -algunos trabajadores aseguran que son mayores de edad, pero que llegan a España con documentación falsa que los acredita como menores-, ya que no se trata de centros cerrados «en los que se pueda garantizar una disciplina mínima, por lo que los incontrolados permanecen así y contagian su conducta, e incluso el consumo de tóxicos, a otros menores que antes tenían buen comportamiento». Caldevilla reconoce que cuando estos jóvenes problemáticos son condenados por la comisión de delitos a ser internados en el reformatorio de Sograndio la mayoría de ellos «cuando saben que tienen unas normas de obligado cumplimiento, reaccionan adaptándose bien, mejorando su comportamiento y asistiendo a actividades educativas».
El problema reside, según el fiscal, en que establecer un centro de protección con medidas de seguridad «requiere reformas legales» y que el único centro de este tipo en Asturias no está obteniendo los resultados esperados «porque los menores se fugan a su antojo».
