Arturo Torrecilla lo resume con aparente naturalidad, como si no llevara nueve años detrás de la barra de uno de los bares más emblemáticos de la plaza del Sol: "Esto es muy fácil. Si no nos van a dejar poner las terrazas tendremos menos trabajo. Y si tenemos menos trabajo nos van a mandar al paro".
Viste un polo azul y habla mientras le sirve a un cliente un pincho de lomo con queso a un euro. Es camarero, y como camarero está preocupado por la nueva ordenanza de terrazas aprobada el mes pasado por unanimidad de todos los partidos en el Ayuntamiento, una norma que no sólo gana espacio para los vecinos, sino que endurece los requisitos para disponer de ellas y exige que todo el mobiliario sea accesible para las personas con discapacidad.
Trabaja en un bar que da a una plaza por la que no pasan coches, un recinto de pequeñas dimensiones con más mesas fuera que dentro. Y dice que no, que "esa norma no puede salir así", que "hay que buscar una solución" porque "no podemos consentir que nos dejen sin trabajo porque sin terrazas nos vamos al paro y estamos que trinamos".
A él le preocupa lo que a la mayoría de sus colegas: que la ordenanza que regula las terrazas acabe con la desaparición de muchas de ellas y, por extensión, con la desaparición de muchos empleos. Por eso el gremio de camareros y también muchos hosteleros exigen al Ayuntamiento que revise la norma o que la suavice, que le dé otra vuelta más para evitar que personas como él, de cincuenta y pico años y con una recorrido laboral limitado, se expongan a perder su empleo y quedarse en el paro.
Por ejemplo José Luis Herráez, camarero desde hace seis años en una cafetería cercana al Ayuntamiento. Allí trabajan el dueño y luego dos empleados: él y una chica. Además, en los meses de buen tiempo y en las jornadas de más trabajo se contrata a una "extra" para la terraza. "Si nos quedamos sin mesas fuera no sólo sería no contratar a nadie, sino que nosotros corremos peligro, por eso tenemos miedo", lamenta.
El Ayuntamiento invirtió dos años en sacar adelante una norma, que, entre otras cosas, obliga a que haya una distancia de 1,80 metros entre la fachada del bar y la terraza, a fin de facilitar el paso a transeúntes. También establece la obligación de que la terraza se despliegue sólo por el frontal del negocio o que las mesas y las sillas estén adaptadas para las personas discapacitadas.
"Me parece bien que se atiendan las necesidades de los discapacitados, pero se trata de llegar a un acuerdo lógico", asegura Pelayo Lozana, trabajador en un restaurante de la plaza del Fontán. "Debería adaptarse la norma, adecuar el reglamento a cada zona dependiendo de las características. No es lo mismo una plaza sin coches que una calle con tráfico", añade. De la misma opinión es Chema Gómez, que además de camarero es dueño de un local en la plaza de Trascorrales. "Hay que buscar un punto medio entre las dos partes. Lógicamente no se puede llenar la calle con pizarras, carritos de helados y demás, pero de ahí a exigir tanto para poner mesas hay un mundo", dice detrás de la barra.
Chema Gómez tiene una terraza con cuatro mesas y dice que si no se "arregla" tendrá que dejar de contratar a la chica con la que cuenta cada año. Y luego está la facturación: "Si no tengo terraza no cogeré a nadie en verano y se me reducen las ventas un 50 por ciento", dice contundente. "No sólo es que afecte a los negocios, es que afecta a los proveedores y el consumo de la ciudad se resiente", interviene Pelayo Lozana.
La normativa, que el alcalde Agustín Iglesias Caunedo cree "clave para la convivencia", tiene el apoyo de distintas asociaciones de vecinos y de las de personas con discapacidad.
