Los músicos de Oviedo se sienten "un colectivo marginado y perseguido" por el Ayuntamiento. El gremio no comprende cómo el Consistorio continua negándose a permitir los conciertos de música en directo en todos los bares de la ciudad, a pesar de que el Principado ya ha manifestado que la ley de Espectáculos Públicos no impide "en ninguno de sus artículos" la celebración de este tipo de eventos en locales que estén convenientemente insonorizados. "Algunos técnicos municipales llevan ya muchos años interpretando la ley de manera errónea y no hay manera de que cambien de criterio. Lo único que les pedimos a los políticos que gobiernan ahora es que se manifiesten públicamente y que apoyen nuestra causa igual que toman partido a favor de otras muchas", explica Jorge Otero, el portavoz de la asociación de Músicos y Músicas d' Uviéu.
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El director general de Justicia e Interior, Rafael Abril Manso, volvió a darles la razón ayer a los músicos ovetenses. "Se entiende que todo aquello que no está expresamente prohibido en una ley está permitido, se trata de un principio general del Derecho", afirma Abril Manso, que en su día ya emitió un informe jurídico en este sentido. La ley de Espectáculos Públicos recoge que los bares tienen permiso para "pinchar" música grabada hasta un volumen máximo de 90 decibelios, pero no especifica nada sobre las actuaciones en directo en este tipo de locales, ni a favor, ni en contra. "El Ayuntamiento interpreta la ley de manera que no se puede emitir ningún tipo de ruido por conciertos, pero lo único que nosotros pedimos es que si ya se puede hacer ruido hasta unos niveles no se prohiba la música hecha por humanos si respeta esos mismos límites", señala Otero.
El Principado está de acuerdo con los músicos y por eso está tramitando una modificación de la ley en la que "se deje claro" que "todo aquel local que reúna las condiciones para poner música grabada pueda organizar conciertos", explica Rafael Abril Manso. Según señala el director general de Justicia e Interior, dicha modificación "no va a afectar para nada a los vecinos" -algunas asociaciones del Antiguo amenazan con movilizarse si cambia la legislación- ya que "en ningún momento se va a aumentar el límite máximo de decibelios, ni el aforo de los locales, ni nada por el estilo". Abril Manso defiende que la "clarificación" de ese artículo de la ley "servirá para lograr un enriquecimiento cultural y económico" en la región gracias a la proliferación de las actuaciones en directo. También permitirá "acabar con la problemática".
Pero por el momento habrá que esperar "unos cuantos meses". Para comenzar a tramitar los cambios fue necesario reunir al Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, un órgano en el que están representados los hosteleros, los vecinos, el Principado y los propios músicos. En su día todas las partes estuvieron de acuerdo con el cambio y todos votaron a favor, excepto los hosteleros, que presentaron alegaciones para que el cambio fuese más ambicioso. La legislación refleja que los conciertos están permitidos en discotecas siempre que estén preparadas para insonorizar el ruido hasta los 100 decibelios, pero los hosteleros, entre otras cosas, también quieren cambiar ese punto. "Piden que se baje la limitación a 90 decibelios como en los bares. Preparar los locales para soportar 100 decibelios supone un gasto enorme y nosotros consideramos que sus alegaciones son aceptables, por lo que habrá que comenzar otra vez con todos los trámites y tardaremos unos cuantos meses en publicar los cambios en el BOPA", explica Abril Manso.
Mientras tanto, los Ayuntamientos como el de Oviedo siguen teniendo la "potestad sancionadora" y podrán multar a los dueños de los bares por organizar conciertos. Los hosteleros podrían recurrir y seguramente ganarían en los juzgados apoyándose en la interpretación del Gobierno regional sobre una ley emitida por el propio Principado, pero el periplo sería largo y costoso. "Si se decide recurrir para que haya una armonización de la legislación regional con la municipal habría que llegar hasta el Tribunal de Casación, un camino que podría durar varios años y que el colectivo no podría afrontar económicamente", explica Jorge Otero, que pide "sentido común y diálogo para construir una ciudad mejor".