Ochenta y nueve palabras. Ésta es la extensión de la proposición de ley aprobada ayer en la Junta General del Principado, según la cual en las próximas oposiciones de médicos de hospital deberá garantizarse de forma absoluta el anonimato de los opositores "hasta que se establezca la puntuación definitiva" y, además, "no se realizarán, en ningún caso, ejercicios leídos o desarrollados en presencia del tribunal ni en sesión pública". Todos los partidos, salvo el PSOE, dieron su apoyo a esta iniciativa legislativa de Podemos.
La gran cuestión es ver qué hará ahora la Consejería de Sanidad con los dos procesos selectivos ya convocados -los de radiodiagnóstico y anestesiología- y con los que prevé convocar a lo largo de los próximos meses. De la decisión que adopte la Administración sanitaria están máximamente pendientes unos mil médicos asturianos, según la aproximación realizada por el partido morado a la hora de cuantificar la cifra de afectados por el cambio normativo.
Se trata de médicos que, en una porción relevante, han manifestado su temor a que se repitan las irregularidades y filtraciones registradas en los concursos-oposición de médicos celebrados en 2011, que incluso merecieron una sentencia anulatoria del Tribunal Supremo en el caso del proceso selectivo de medicina interna.
Por parte de Podemos, defendió la proposición de ley su diputado Andrés Fernández Vilanova, médico. A su juicio, la prueba oral, incluida hasta la fecha en las pruebas de selección y que en adelante se trata de suprimir, "deja vía libre a la tropelía". "Si se aprueba esta ley, los opositores van a depender exclusivamente de sí mismos, y no de contactos o amistades", argumentó el portavoz podemista. "Para estos mil aspirantes es un ahora o nunca", apostilló.
Acto seguido tomó la palabra Armando Fernández Bartolomé. Al igual que otros portavoces que le siguieron en el uso del turno, hizo hincapié en las limitaciones de la regulación propuesta por Podemos. Para algunos partidos, lo que ayer se votaba constituía una especie de mal menor. En el fondo, algo de esto latía incluso en la exposición de motivos de la proposición de ley, que indicaba que, una vez aprobada, corresponde al Gobierno regional "el desarrollo de la normativa que rija de forma completa los procesos de selección y provisión de plazas para el personal estatutario de los servicios de salud, cubriendo la laguna legal que ahora existe". Dicho desarrollo, precisa el texto, "deberá llevarse a cabo lo antes posible (...) previo acuerdo con las fuerzas sindicales presentes en la correspondiente mesa sectorial".
Volviendo a la intervención de Fernández Bartolomé, el diputado naranja justificó el apoyo de su partido a la ley pese a las reticencias sobre su contenido: "A veces es más importante la ocasión que la razón, y en este caso la ocasión lo pide". Según el portavoz de Ciudadanos, "un test mide solamente una parte de las inteligencias que sirven para ser médico". Y añadió: "Los médicos son personas que tienen que ser juzgadas por personas".
La postura de Foro fue expuesta por su presidenta regional, Cristina Coto, quien reclamó que el contenido de la proposición "se aplique a le selección de todos los colectivos sanitarios, no sólo a los médicos especialistas de hospital". A juicio de Coto, que las pruebas no sean anónimas invita a la "subjetividad".
Marta Pulgar expuso la posición de Izquierda Unida: "Habría sido más deseable un cambio de la ley a través de las mesas de negociación colectiva con los sindicatos". También cuestionó la efectividad del test como modelo exclusivo de examen cuando un médico es "una persona que trata a personas, con dolencias físicas y emocionales".
Carlos Suárez, del Partido Popular, puso de relieve los motivos del sí de su partido. Admitió que en una prueba tipo test "pueden producirse filtraciones", pero agregó que es el modelo de examen "menos favorecedor de subjetividades". Según el portavoz popular, la proposición de ley de Podemos merece ser apoyada "para garantizar los derechos de los aspirantes" y "para defender la honorabilidad de los miembros de los diferentes tribunales".
Todo el peso de la argumentación contraria a la propuesta de Podemos recayó sobre la portavoz socialista Carmen Eva Pérez Ordieres, quien empleó un tono bastante más agresivo del que en ella es habitual. Hizo hincapié en que "varias comunidades autónomas mantienen pruebas prácticas" en sus procesos de selección de personal. "Es mucho más fácil filtrar un examen tipo test que un examen práctico en el que el candidato está sometido a las preguntas del tribunal", señaló. A juicio de la diputada del PSOE, el tipo de prueba que se deriva de la iniciativa legislativa de Podemos "implica renunciar a la excelencia y conformarse con la mediocridad del procedimiento", y supone puentear la representatividad sindical.
