"La Madreña" fue ocupada, pero no por personas concretas, sino "por el conjunto del pueblo de Oviedo". Esa fue la tesis que defendieron una y otra vez los diez acusados por la Fiscalía de "utilizar de forma permanente para fines personales" el edificio propiedad de Sedes, sin permiso de la empresa pública entre los años 2011 y 2014. Entre los procesados, que se enfrentan a una multa de 1.440 euros cada uno por un delito de usurpación, el edil de Economía Rubén Rosón y el diputado regional Andrés Ron, que al igual que el resto de imputados defendieron que el centro era utilizado incluso por organismos dependientes del Principado.
El primero en prestar declaración en una vista que hoy continúa fue el propio Ron, cuya condición de aforado obligó al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a llevar el caso. El representante de Podemos en la Junta reconoció usar "La Madreña" desde un mes después de la supuesta ocupación, el 15 de noviembre de 2011, y aseguró que su presencia en el inmueble durante el desalojo por la Policía la madrugada del 3 de junio de 2014 fue fortuito. "Estaba allí estudiando", indicó para luego rechazar que existiera "un grupo de gestión" del edificio como aseguraba el fiscal. "Yo siempre me encontré la puerta abierta y la gente entraba y salía cuando quería", declaró.
En la misma línea se pronunció Rosón, que se definió como "uno más" de los miles de usuarios del centro entre los que aseguró, hubo también organismos dependientes del Principado e incluso ediles del PP ovetense. "Belén Fernández Acevedo asistió en su día por su condición como concejal de Asuntos Sociales", puso como ejemplo de una actividad "incluso anunciada en la agenda cultural de LA NUEVA ESPAÑA".
El edil ovetense descartó la existenca de un órgano de gestión en el centro. "No había un espacio de decisión" y destacó su función como lugar abierto para actividades como charlas, conciertos o talleres. "Era un centro social abierto, como el teatro Campoamor
También negó su responsabilidad sobre lo ocurrido en "La Madreña" el coordinador político de Somos Oviedo, David Acera. El actor, identificado en su día en el edificio mientras preparaba una representación, admitió de la existencia de una ocupación "que no sabía si era legal o ilegal" y dijo al fiscal "tener la intuición" de que el responsable de la utilización del inmueble como centro cultural y social fue "el conjunto de todo el pueblo de Oviedo".
Las versiones variaron poco cuando les llegó el turno al historiador Diego Díaz, al informático Víctor Montes, el funcionario Pablo Capa o a los entonces estudiantes Iyán Vigil-Escalera, Olga Díaz y Álvaro Fueyo. Los dos primeros vincularon su imputación a su participación en actividades organizadas por el movimiento 15-M al que pertenecían y los tres últimos coincidieron en que el día del desalojo estaban estudiando e ignoraban que las puertas del edificio habían sido tapiadas.
Los acusados fueron recibidos entre vítores de un centenar de personas a la puerta del tribunal, ubicado en la plaza Porlier. Con unas camisetas con el lema "Absolución de los activistas, castigu a los corruptos", los procesados se pusieron al frente de unos cánticos con los que recordaron las movilizaciones de 2014 con letras como "La Madreña no se cierra" y pidieron procesar al Alcalde y al presidente regional de la época. "De Lorenzo-Areces castigo a los culpables", cantaron después de recordar en un manifiesto leído por Olga Díaz que la gestión de ambos en la conocida como "Operación de los Palacios, costó 59 millones de euros a las arcas públicas y obligó a privatizar la antigua consejería de Sanidad.
