Los asaltapisos georgianos que atemorizaron a Oviedo en el verano de 2017 enviaron 6.770 euros provenientes de sus supuestos asaltos a viviendas de vecinos que se encontraban en habitaciones a través de doce operaciones realizadas en un locutorio del barrio de Pumarín. Así lo aseguró el responsable de la investigación que llevó al banquillo de los acusados a cuatro varones país caucásico acusados de allanar 43 viviendas entre el 11 de julio y el 25 de agosto de 2017.
La segunda jornada del juicio que todavía se alargará durante tres días más permitió conocer los testimonios de los policías encargados de la investigación que permitió dar caza a tres de los cuatro acusados cuando se disponían a abandonar la ciudad a través de la estación de autobuses el 25 de agosto del año pasado. Los testimonios de los agentes no permitieron esclarecer si existe relación entre el cuarto acusado, detenido meses después a raíz de una prueba de ADN, y los tres procesados que reconocieron haber viajado juntos a la capital asturiana "para comprar un vehículo".
Las declaraciones de varios agentes echaron por tierra los argumentos de los tres acusados que aseguraon haber estado en Oviedo durante menos de una semana sólo para comprar el vehículo. Los policías aseguraron haber seguido a los tres hombres durante varios días entre julio y agosto. Durante dichos seguimientos constataron que utilizaban técnicas de seguridad para evitar ser seguidos como "caminar con diez o veinte metros de distancia" y que sólían salir de la habitación en la que se alojaban entre las diez de la noche y las cuatro de la mañana cuando solían producirse los asaltos.
El testimonio de los agentes apuntó también a una visita de una ferretería para interesarse por las técnicas para abrir cerraduras de determinadas marcas utilizadas por muchas constructoras de Oviedo. "El dependiente nos dijo que tenían un comportamiento sospechoso", indicó un policía, mientras otro señaló al testimonio de una víctima que identificó a los acusados como unas personas que habían estado deambulando por los alrededores de su vivienda en los días previos al robo.
La Fiscalía solicita nueve años para cada uno de los acusados, salvo para el cuarto, el que supuestamente no tedrían ninguna relación de la banda, para el que piden diez años y medio de cárcel al contar con antecedentes penales por delitos similares.
Dicho agravante no está contemplado para el supuesto cabecilla de los otros tres procesados, el cual ya había sido detenido en Gijón el año pasado por las mismas fechas por "una tentativa de robo con violencia", cuya pena se conmutó por una orden de expulsión a su país de origen. A pesar de que tenía prohibido volver a España hasta 2021, el año pasado volvió a Asturias utilizando una identidad distinta para esquivar a las autoridades.
