Transportes Unidos de Asturias (TUA) ha vuelto a sacar a la calle su flota completa tras haber reparado los 23 autobuses que habían sufrido daños el 31 de diciembre a manos de un grupo vandálico sin identificar que lanzó bolas metálicas contra los vehículos en marcha y con usuarios dentro. Los 57 autobuses de la compañía recorren con normalidad las 14 líneas de transporte urbano colectivo de la ciudad. Será así, al menos, hasta dentro de dos semanas. El comité de empresa ha fijado una huelga indefinida a partir del 22 de enero que consiste en parar todos los martes y jueves de manera indefinida.

Hasta entonces, la dirección de TUA ha optado por guardar silencio mientras que los representantes de los trabajadores darán hoy una rueda de prensa en la sede del sindicato USO para aclarar en qué consisten los puntos más controvertidos de la negociación con la empresa y anunciar los horarios de los próximos servicios mínimos. La tensión entre ambas partes aumenta sin que haya una nueva fecha de reunión en el Servicio Extrajudicial de Conflictos (SASEC), pero el gobierno local no pierde la esperanza en que lleguen pronto a un pacto.

La concejala de Transportes, Ana Rivas, reiteró ayer la disposición del Ayuntamiento a "buscar un punto intermedio de acuerdo" y mostró su convencimiento de que las posiciones del comité y la dirección de TUA no están tan alejadas como parecen calificando de "flecos" las claves de la falta de entendimiento: la instalación de alcoholímetros en los autobuses y la contratación de más personal fijo. "Estamos a disposición de empresa y trabajadores, que tienen algún problema de comunicación. Lo que dicen unos y otros no difiere, pero piensan que están diciendo cosas diferentes". Sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento revise el contrato de servicio de transporte colectivo urbano que mantiene con TUA (perteneciente al grupo Alsa), Rivas prefirió no entrar en detalles, más allá de lo obvio. "Hasta que no acabe este conflicto no vamos a dar traslado de las medidas que se tomarán, pero sí que hacemos seguimiento de las incidencias. La empresa sabe que haremos cumplir los términos estrictos establecidos en el contrato con independencia de lo que tienen que resolver entre las partes".

Las diez horas y media de reunión que ambas partes mantuvieron el 3 de enero en el SASEC terminaron en tablas, algún acercamiento de posturas y bastante cabreo. El comité reclamó que un policía, un guardia civil o un médico les haga un contraanálisis a los conductores en caso de dar positivo en el sistema automático "alcolock" que TUA quiere instalar en todos sus autobuses. La empresa les ofreció a un técnico propio en prevención en riesgos laborales para llevar a cabo esa prueba de contraste ya que considera inviable movilizar a personal médico o agentes de seguridad cada vez que un trabajador dé positivo antes de arrancar.

Los trabajadores también creen que, además de cambiar el sistema de control de alcoholemia, la empresa debe incorporar urgentemente a más trabajadores fijos. Afirman que el 25% de la plantilla son conductores en prácticas que cobran el 60% del sueldo y descansan 4 días al mes. En concreto, hay 155 empleados fijos y unos 50 temporales. Entre las dos partes de TUA en discordia hay en estos momentos pocos puntos de acercamiento.

Las últimas siete jornadas de servicios mínimos realizadas el 4, 13, 18 y 27 de diciembre, y el 2, 3 y 4 de enero están haciendo mella en el bolsillo de los trabajadores al dejar de percibir el salario relativo a esos días. Según ha podido averiguar este periódico, un piquete de unas quince personas insultó y cortó el paso el jueves a una conductora que había informado a la empresa de su intención de trabajar más allá de los servicios mínimos. Su autobús quedó inmovilizado en la calle Uría varios minutos con pasajeros dentro.