El "no nos moverán" sigue ganando adeptos entre los negocios del Calatrava. El responsable del Telepizza del centro comercial se declaró en rebeldía frente a la orden de desalojo de los propietarios, que este domingo quieren echar el cierre al equipamiento para posteriormente acometer una profunda remodelación. El anuncio de los titulares de la pizzería llega después de que Burger King consiguiese una medida judicial cautelar por la cual los propietarios del complejo están obligados a mantenerlo abierto hasta que los juzgados resuelvan su litigio sobre la rescisión de un contrato que tiene vigencia hasta 2036.
Aunque el auto del juez deja claro que la medida cautelar sólo afecta a la hamburguesería, el franquiciado de Telepizza tiene contrato hasta 2024 y reivindica su derecho de continuar en el equipamiento más allá del lunes. Andrés García subraya que la empresa Estabona, que compró centro comercial a finales de 2017, intentó en varias ocasiones sin éxito que firmasen un documento en el que expresara su voluntariedad para abandonar el Calatrava. "No me ofrecieron indemnización de ningún tipo y, obviamente, me negué a firmarlo", apuntó.
El restaurante de Telepizza del Calatrava cuenta con nueve empleados cuya recolocación fue comprometida por la franquicia. Sin embargo, la posibilidad de continuar con su actividad gracias a la medida lograda por el Burger King, los anima a intentar seguir trabajando en Buenavista. "El lunes iremos al local y, si podemos, trabajaremos con total normalidad", avisa García, harto de la opacidad y falta de transparencia de Estabona sobre sus planes para el equipamiento.
Los franquiciados de Telepizza en Buenavista firmaron un contrato por diez años cuando cogieron las riendas del negocio en 2014. Antes, el local de restauración había estado abierto desde 2008 bajo otra dirección. Ahora se aferran a la cláusula en la que se refleja que pueden desarrollar su actividad durante el mismo horario en el que el centro comercial permanece abierto al público. Recuerdan que cada mes pagan más de mil euros a la comunidad para recibir una serie de servicios que en los últimos tiempos se han visto reducidos sin mediar explicación alguna.
El contacto con los propietarios se limita al burofax recibido el pasado mes de febrero en el que se comunicaba el cierre total del recinto el día 31 de marzo, así como un par de intentos de lograr que firmase su marcha del centro sin contraprestación alguna. Primero lo enviaron a través de un fax directamente desde Madrid y luego fue la propia gerente, Paloma Hernández, quién se lo propuso. "Saben que no pueden echarnos", sostiene el empresario en relación a la existencia de un compromiso al que todavía le restan cinco años para poder ser resuelto de forma gratuita.
