El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo (PP y Ciudadanos) se ha visto "obligado" -según afirma- a no renovar el contrato a veintiuna educadoras de las escuelas infantiles del municipio. Las empleadas, con contratos de obra y servicios, fueron informadas de la situación ayer, pocas horas después de incorporarse un curso más a su puesto de trabajo.
El concejal de Personal, Mario Arias (PP), y la edil delegada de Educación, Yolanda Vidal (Ciudadanos), comparecieron juntos para explicar que un informe de la Abogacía consistorial asegura que de contratar a esas personas incurrirían en un "delito de prevaricación administrativa". Los dos ediles acusaron al anterior equipo de gobierno -el tripartito formado por PSOE, Somos e IU- de haber "dejado una bomba de relojería que ha estallado ahora".
El informe al que hacen referencia es del pasado mes de mayo, "en plena campaña electoral", recalcó Arias, que arremetió contra el exalcalde, el socialista Wenceslao López. "Nos ha dejado un regalo envenenado", indicó.
El problema con que se ha encontrado el gobierno es que las educadoras de las escuelas infantiles tenían un contrato de obra y servicio, y los abogados municipales informaron en mayo de que renovar reiteradamente esos contratos sería ilegal.
Arias y Vidal aseguraron que buscaron todas las soluciones posibles para mantener los puestos de trabajo, "pero los servicios jurídicos no nos han dado solución". La concejala de Educación quiso tranquilizar a las familias de los niños matriculados y garantizó el buen funcionamiento del servicio, que comenzará este jueves. Para ello, se reorganizará a los otros cien empleados que están contratados en las escuelas infantiles. "Las trabajadoras que están a media jornada pasarán a estarlo a jornada completa", explicaron los concejales del PP y Cs.
La rueda de prensa de los ediles fue muy tensa, ya que a ella acudieron varias de las personas afectadas. Se habían incorporado a las nueve de la mañana y tres horas después se les comunicó que su contrato no se renovaba. Hubo lágrimas de desesperación.
Desde el PSOE, el concejal Ricardo Fernández criticó al PP. "El informe del que hablan estaba a su disposición desde mayo", aseguró.
La portavoz de Somos, Ana Taboada, tachó la decisión de "gravísima y revanchista. Es una represalia contra unas mujeres que defienden su puesto de trabajo".
