16 de octubre de 2019
16.10.2019
abogado, doctorando en derecho

Las breves exigencias del paciente sin nombre

Las consecuencias de lanzar al ruedo sanitario a profesionales que no han recibido la formación necesaria

16.10.2019 | 01:18

Nuestro paciente sin nombre nació en una tarde de domingo sorprendentemente cálida, en pleno verano asturiano. Fruto de un parto espontáneo, sobrevenido y, ante todo, prematuro, aterrizó en este mundo afectado por el Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal (SDRN).

El SDRN es un desorden respiratorio, común en los neonatos, en el que los pulmones carecen de surfactante, esa sustancia líquida que permite que se expandan y puedan percibir el oxígeno. El tratamiento para la dolencia en cuestión es muy sencillo: al bebé afectado se le suministra un surfactante artificial directamente en la tráquea mediante una máscara laríngea y, con ayuda de un ventilador manual, se le ayuda a respirar.

El verdadero protagonista de nuestra historia, Luis (nombre ficticio), es un joven enfermero de 22 años que se ha graduado recientemente en la Universidad de Oviedo. Acaba de ser incluido en la bolsa de empleo de un hospital público como personal estatutario, para cubrir bajas, y se le ha otorgado su primer contrato como enfermero en la planta de obstetricia. Está contento: le ha tocado un destino que le asusta porque no tiene formación específica en obstetricia y neonatología. Pero con lo que gane podrá comprarse el ordenador que quiere y no se atrevía a pedir a su madre, porque pasan estrecheces.

Es domingo, sobre las cuatro de la tarde y, a varios kilómetros, los amigos de Luis asisten a la fiesta del Xiringüelu. Sin embargo, nuestro joven enfermero está trabajando. Por "circunstancias del directo" se ha quedado como el único enfermero de su planta. Tiene cuatro habitaciones ocupadas a su cargo y la coordinadora, qué está ausente para atender otra planta, estima que puede encargarse a la perfección.

El paciente sin nombre reposa plácidamente en su cuna, pero, al asomarse, su padre se percata de que muestra un tono azulado en la piel. Se está ahogando. Pulsa el botón de llamada y, a gritos, da alerta al cubil de enfermería. Luis entra corriendo en la habitación. Al ver el cuadro sintomático del pequeño, rápidamente identifica que se está ahogando y diagnostica que padece un cuadro agudo y grave de SDRN. Avisa al médico y va en busca de una mascarilla laríngea y un surfactante artificial. Sabe lo que son ambas cosas, pero no las ha usado nunca. Mucho menos en un neonato. Se hace un lío, abre la boca del pequeño y trata de intubarlo. Siente como le desgarra la garganta al hacerlo. Derrama fuera de la máscara parte del líquido surfactante y, tras unos minutos de enorme angustia, logra frenar el cuadro de ahogamiento del paciente sin nombre. Sobrevivirá, pese a tener graves secuelas laríngeas que le incomodarán de por vida y afectarán gravemente a su capacidad vocal.

Llegado a este punto, confieso al lector que la historia de Luis es ficticia casi en su totalidad y únicamente sirve para ilustrar las líneas que escribo a continuación:

No soy médico ni enfermero. Soy un abogado que ha representado a una enfermera devastada tras un error profesional. No he podido evitar escribir estas líneas al conocer el caso del bebé que desgraciadamente falleció en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid después de que una joven enfermera, por error, le suministrase una dosis de inmunosupresor diez veces superior a la pautada. Eran los primeros días para ambos. Para él en el mundo, para ella en el hospital. Era interina estatutaria y estaba cubriendo una baja. Sin embargo, para la historia del paciente sin nombre he optado por un final con un desastre controlado, sin un desenlace fatal, porque no busco la demagogia fácil. Pero la realidad no siempre es tan clemente.

En este año 2019, la sanidad pública asturiana ha demostrado la precaria situación en que se encuentra, al menos en cuanto a personal. Durante el verano se ha contratado en régimen de interinidad a todos los integrantes de la última promoción egresada del grado de Enfermería de la Universidad de Oviedo. Pues bien, estos recién graduados se incorporan al servicio sanitario en suplencia de los titulares de los puestos (bien sea por vacaciones, baja por enfermedad, maternidad, excedencia...) pero sin recibir ningún tipo de formación específica para el desarrollo del puesto que les toca. El servicio de contratación sencillamente cuenta con que los jóvenes enfermeros estén suficientemente formados para el desempeño de los puestos que se les asignen y les exigen completo rendimiento desde el día en que comienza el contrato. Y así suele ser.

La formación de los enfermeros es excelente. Pero lo cierto es que, en ocasiones, algunos de estos servicios conllevan la necesidad de unos conocimientos específicos que no se adquieren durante el grado o las prácticas. Los enfermeros tienen que familiarizarse con el lugar de trabajo o incluso adquirir una serie de conocimientos imprescindibles en cuestión de minutos. Ello supone someter a los profesionales a una intolerable situación de estrés, en la que la autoformación apresurada es la única salida.

Pero lo peor es que se les obliga a jugarse la vida de sus pacientes. Y precisamente en atención a esto último conviene señalar que la falta de formación específica del personal estatutario vulnera los derechos de dichos pacientes. Y mucho. Pues no sólo tienen derecho a una sanidad de calidad, sino a una asistencia que asegure su integridad y el resultado positivo de cuantos tratamientos se les realicen.

Para evitar lo que vengo describiendo bastaría con dar formación específica a los integrantes de las bolsas de empleo del Servicio de Salud del Principado (Sespa) para que puedan atender los servicios en cuestión. O bien crear bolsas específicas para los campos que tengan mayores exigencias técnicas (unidades de quemados, neonatología y obstetricia, urgencias...), dándoseles a ellos esa formación que necesitan. Pero eso implica inversión de capital.

No son medidas que aparentemente interese tomar a la actual Consejería de Salud. Total, tan sólo están dirigidas a mejorar las condiciones del servicio, aumentar la formación de los profesionales, prevenir los posibles errores y sus consecuencias y ofrecer una sanidad de calidad a los asturianos. Todo ello poca cosa (nótese la ironía). En su lugar, hace pocos días anunciaban como grandes medidas el otorgamiento de mayor puntuación a los sanitarios que estén dispuestos a desarrollar su profesión en las regiones asturianas más alejadas del centro.

Todo para el paciente, pero sin el paciente. Ni el sanitario. Ya se sabe.

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