10 de febrero de 2011
10.02.2011
 

La evaluación docente, desbloqueada 14 meses después de la aprobación de la ley

Los sindicatos ven en la inminente decisión del Ejecutivo un interés electoral l La medida abre un nuevo plazo para apuntarse al proceso

10.02.2011 | 01:00
Manifestación de profesores contra la evaluación docente, en abril de 2009.

Oviedo, E. G.


La evaluación docente está al caer. La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, informó ayer al término del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo que preside Álvarez Areces estudió el texto del reglamento que podría ser aprobado en la reunión del Consejo de la próxima semana.


Más vale tarde que nunca porque este proyecto de decreto viene a desarrollar la ley de Evaluación de la Función Docente y Sus Incentivos aprobada en la Junta General del Principado en diciembre de 2009 y que concretaba el marco de actuación para «examinar» el trabajo de los profesores de la red pública asturiana y generar unos pluses por la calidad de ese trabajo.


Trece meses después el Consejo de Gobierno todavía tiene el decreto encima de la mesa. El texto hubo de pasar un par de veces por el dictamen del Consejo Consultivo. La primera vez, el órgano asesor presidido por el ex vicepresidente del Gobierno asturiano Bernardo Fernández lo devolvió al Ejecutivo porque no había pasado por el Consejo Escolar del Principado. Tras cumplir con ese trámite, el decreto volvió al Consultivo y sufrió otro análisis crítico de envergadura, tanto en el fondo como en la forma.


Los sindicatos afirman que se perdió un año. La primera andanada llegó ayer de SUATEA, que hoy ofrecerá su postura oficial pero que adelantó algunas reflexiones. El «acelerón» que el Gobierno asturiano da ahora a la ley de Evaluación está directamente relacionado, dice el sindicato, con la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales «como ya hiciera hace cuatro años». Acelerón a cargo, dicen, «de las dos consejerías implicadas en casos de corrupción: la de Administraciones Públicas y la de Educación, mediante un proceso que, a nuestro juicio, presenta muchos elementos de ilegalidad». Como «aperitivo», no está mal.


Cuatro años de idas y venidas, de recusaciones y sentencias judiciales. Miles de profesores llevan cobrando a cuenta ese plus de la evaluación desde el año 2007. Dos de los cinco sindicatos docentes de la Junta de Personal (ANPE y FETE-UGT) ayudaron a la aprobación de la ley, mientras que los otros tres (SUATEA, CC OO y CSIF) mantienen el pulso frente a la Administración con un «no» a la evaluación, aunque con distintos grados.


A los aproximadamente ocho mil profesores de Primaria y Secundaria que cobran ya los pluses (entre 2.200 y 2.600 euros brutos al año para cada profesor), se podrá sumar ahora otro número indeterminado de profesores que en su día prefirieron no adherirse a la propuesta de Educación o que, aun queriendo, no reunían en esos momentos las condiciones exigidas, entre ellas un mínimo de cinco años como funcionario de carrera docente.


Se estima que pueden sumarse a la evaluación otros mil quinientos profesionales en Asturias, lo que implicaría, grosso modo, un desembolso por parte de la Administración regional de alrededor de 3,5 millones de euros anuales.

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