Oviedo / Mieres,

P. ÁLVAREZ / A. LORCA

El anteproyecto de ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobado por el Gobierno central el pasado día 12, ha suscitado valoraciones de muy distinto signo en la comunidad científica y en el ámbito político. Entre los investigadores han resonado con fuerza las críticas de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce).

LA NUEVA ESPAÑA ha pulsado la opinión de algunos de los más destacados catedráticos e investigadores de Asturias, en una encuesta que también incluye declaraciones de un representante del Ministerio de Ciencia e Innovación y otro del Partido Popular. Entre los científicos de la región predomina el escepticismo y la sensación de que la futura normativa no combate la endogamia. El aspecto mejor valorado es la estabilidad laboral que otorga a los jóvenes investigadores, cara de una moneda cuya cruz es el temor a funcionarizarlos en el peor sentido del término.

l José Barluenga, catedrático de Química Orgánica.

«Soy escéptico porque ya he visto muchas leyes nuevas a lo largo de mi vida y siempre terminan siendo más de lo mismo. Alguna vez acertarán, espero y deseo. Esta ley apenas la he mirado y hasta que no vea los resultados no me creeré nada.

»En todas las partes del mundo civilizado se apuesta, con criterio, por los jóvenes, por los grupos emergentes, y esto es, si se me permite la expresión, distinto al café para todos que tan frecuentemente se puede observar por nuestros lares. La cuestión es sencilla: apostar por los grupos bien establecidos y altamente competitivos y por los grupos emergentes, convenientemente seleccionados. En resumen, por los grupos que ofrecen calidad, y nunca por los mediocres. La apuesta por estos últimos supone un despilfarro de medios que ningún país de nuestro entorno cultural se permite.

»En definitiva, espero y deseo que esta ley represente una apuesta clara e inequívoca por la excelencia. Si es así, eso que ganará España».

l Juan Vázquez, ex rector de la Universidad de Oviedo y ex presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE).

«El proyecto de ley es un avance, seguramente incompleto pero probablemente el posible en este momento. Resuelve algunos problemas y se adecúa más a las necesidades actuales. También tiene limitaciones, porque parece claro que no sería fácil aplicar en España lo que desde algunos ámbitos de la investigación se reclama en materia de movilidad y flexibilidad.

»Es cierto que el documento recoge figuras contractuales que son vistas con recelo por los sindicatos y chocan en algún caso con la ley orgánica de Modificación de la ley orgánica de Universidades (LOMLOU), y que genera una situación asimétrica entre la carrera investigadora y la carrera en la Universidad, ya que otorga más flexibilidad en el ámbito investigador. Clarifica la carrera investigadora y mejora la situación de los jóvenes. Aumenta la movilidad y la cooperación, aunque sin llegar a tanto como sería deseable.

»No creo que la nueva ley funcionarice a los investigadores. Simplemente, es lógico que a la gente se le dé estabilidad en algún momento y mediante evaluaciones rigurosas. En definitiva, esta ley supone un indudable avance, seguramente corto, pero el posible».

l José Coca, catedrático de Ingeniería Química.

«Mi visión es muy escéptica. Se corre el riesgo de hacer funcionarios a los becarios. La ley tiene que propiciar la investigación con la industria, que es lo que España necesita. La Universidad y los centros de investigación no pueden ser reductos aislados que absorben recursos de forma ilimitada.

»Si entre las diez primeras universidades del mundo ocho son norteamericanas, habrá que utilizar los mismos métodos: beca de proyectos, completar la tesis y buscar trabajo en otro lugar. Nuestro sistema no puede funcionar a base de endogamia. La Universidad está hipertrofiada en el número alumnos y profesores en las ciencias básicas. En las ingenierías, sin embargo, hay escasez de profesores y becarios y, a título de ejemplo, no hay siquiera candidatos en los programas "Ramón y Cajal". La disfunción es clara».

l Santiago García Granda, vicerrector de Investigación.

«La nueva normativa es un avance, pero no recoge algunas cuestiones que habíamos reclamado desde las universidades. Se ha perdido la oportunidad de hacer una ley mucho más uniforme que situara en pie de igualdad a los organismos públicos de investigación (OPI) y a la Universidad. Desgraciadamente, se los trata de forma muy distinta, pese a que la Universidad tiene un peso muy superior en la actividad investigadora. El reto hubiera sido otorgarles estructuras paralelas e igualdad de oportunidades. Sin embargo, como ejemplo, no está prevista para la Universidad una plantilla de técnicos de investigación, y sí para los OPI. Espero que esto se arregle en el trámite parlamentario.

l Ramón Durán, decano de la Facultad de Derecho.

«Es llamativo que una vez que el borrador de la ley estuvo en manos de los científicos y éstos mostraron sus deficiencias, el Gobierno se apresuró, de forma casi abrupta, a aprobarlo, sin caer en la cuenta de que una normativa de esta naturaleza sin la anuencia de la comunidad científica está condenada al fracaso.

»Por otra parte, se crean estructuras que den acogida temporal a los becarios y jóvenes investigadores que inician su carrera, cuando lo importante es que los científicos en formación tengan auténticas perspectivas de salida estable en su campo. Para ello se requieren fondos abundantes. Sin embargo, en los últimos Presupuestos del Estado una de las partidas que más ha decrecido es la destinada a la investigación.

»En lo relativo a la investigación en materias humanísticas y jurídicas, la investigación está muy vinculada al doctorado. Se anuncia una nueva reforma del doctorado cuando la anterior está prácticamente sin implantar. Se observa una manifiesta tendencia a la improvisación, que en esta materia resulta desastrosa. Por último, el gran motor de la investigación en España son las universidades, y se ve una evidente quiebra de la investigación de las universidades desde el momento en el que están sometidas a un proceso como el de Bolonia, que prima la docencia sobre la investigación».

l Luis Magdalena, director del Centro Europeo de Soft Computing de la Universidad de Oviedo.

«Tengo sentimientos encontrados. Resulta evidente que potenciar la presencia privada en la I+D es un objetivo importante, y ahí estamos detrás de muchos estados europeos. Otra cosa es que con esta ley se vaya a conseguir cambiar eso. No veo en ella elementos suficientes para acabar con este problema.

»Lo referido a la carrera profesional es muy positivo, pero falta solucionar el problema de cómo van a compatibilizarlo para que puedan venir estudiantes de fuera a hacer estancias aquí. Son diferentes un permiso de estudios y uno de trabajo, y la solución no está contemplada en la ley. Una de las cuestiones que más reticencias me suscita es la de crear una Agencia Española de Investigación. Según mi experiencia en Europa, cada vez que se crea una agencia el resultado final es una locura. Todo lo anterior es malo y, al final, al investigador lo vuelven loco».

«Hay que apostar por los grupos emergentes, lo contrario del "café para todos"»

José Barluenga

Catedrático de Química

«Es un avance, pero no recoge cuestiones reclamadas desde las universidades»

Santiago García Granda

Vicerrector de Investigación

«Clarifica la carrera investigadora y mejora la situación de los jóvenes»

Juan Vázquez

Ex rector de la Universidad

«Soy escéptico. Se corre el riesgo de hacer funcionarios a los becarios»

José Coca

Catedrático de Ing. Química

«Una norma de este tipo sin la anuencia de la comunidad científica es papel mojado»

Ramón Durán

Decano de Derecho

«No veo elementos suficientes para potenciar la presencia privada en la I+D»

Luis Magdalena

Director de Soft Computing