Oviedo, P. R.

El investigador Policarpo Sánchez acusó ayer a Rogelio Blanco, ex director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, de haber cometido «falsedad en documento público» para tratar de ocultar que el Gobierno socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero había entregado a la Generalitat de Cataluña documentación perteneciente al PSOE de Asturias y al Ejecutivo del Principado que se encontraba depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). En una rueda de prensa celebrada en Salamanca, con gran apoyo documental Policarpo Sánchez mostró que el 19 de julio de 2011 Rogelio Blanco firmó una orden ministerial autorizando la entrega a la Generalitat, entre otras, de las cajas 1191 y 1192, que contenían expedientes personales y de asuntos de la Agrupación de Socialistas Asturianos en Barcelona (PSOE) del año 1937. Según Sánchez, Rogelio Blanco no sólo negó reiteradamente esta entrega, incluso en carta remitida al Gobierno asturiano, sino que, con otra orden, hizo volver a Salamanca estas dos cajas para demostrar que no mentía.

El investigador, natural de Salamanca, licenciado en Derecho y especialista en el estudio de la Guerra Civil, citó precisamente esas dos cajas porque fue el ejemplo que utilizó él mismo cuando, el 13 de enero de 2010, dirigió un escrito al Ministerio de Cultura informando de los preparativos que se estaban haciendo en el Centro Documental para entregar a la Generalitat de Cataluña documentos que, según su opinión, «vulneraban la letra y el espíritu» de la ley de restitución, al no ser propiedad de Cataluña.

Entre esos documentos y en lo que respecta a Asturias figuraban los de la citada agrupación -fundada en Barcelona por los militantes del PSOE que salieron de Asturias en 1937-, los del Centro Asturiano, estrechamente vinculado a los socialistas, papeles de particulares sin relación con Cataluña y otros relativos al PCE de Asturias.

En septiembre de 2011, a raíz de las informaciones publicadas en LA NUEVA ESPAÑA, se sucedieron las reacciones en Asturias. El PSOE solicitó al Gobierno de Rodríguez Zapatero que los documentos de la Guerra Civil vinculados al Principado se custodiaran en Salamanca; el Gobierno regional, en una nota, afirmó que estudiaba emprender acciones legales contra el traslado de la documentación, y el consejero de Cultura, Emilio Marcos Vallaure, remitió una carta a Rogelio Blanco, exigiéndole explicaciones sobre la transferencia documental.

El 28 de septiembre, en declaraciones a este diario, Rogelio Blanco aseguró que se había entregado a la Generalitat la documentación asturiana porque había sido incautada en Cataluña y que la ley, aprobada en las Cortes, «está para cumplirla». Al día siguiente, el Ministerio de Cultura aseguraba en una nota que los documentos pertenecientes a la Agrupación Socialista de Asturias «no han salido de Salamanca».

El 30 de septiembre Policarpo Sánchez volvió a pedir en el Centro de Documentación las cajas 1191 y 1192. «A pesar de lo indicado en la nota del Ministerio de Cultura no se encuentran en Salamanca. Se me asegura que estas cajas "ya no existen en el CDMH por haber sido enviadas a Cataluña"», afirma.

El 5 de octubre, en su respuesta al consejero de Cultura, Rogelio Blanco asegura que la documentación de la «Agrupación de Socialistas Asturianos en Barcelona permanece custodiada» en Salamanca.

Según hizo público ayer Policarpo Sánchez, un documento con fecha 6 de octubre recoge la devolución «en secreto» al Archivo de Salamanca de las cajas 1191 y 1192, cuya ausencia había sido denunciada por varios medios, entre ellos, LA NUEVA ESPAÑA. «Se justifica la devolución por un error en la transferencia», señala Policarpo Sánchez. Cabe subrayar, añade, que «sólo han devuelto a Salamanca los documentos socialistas de las cajas 1191 y 1192, el resto de los fondos continúan en Cataluña».

El investigador, que viene denunciando desde hace dos años la ilegalidad cometida por el Ministerio de Cultura al supuesto amparo de la ley de devolución, acusó también ayer a la Generalitat de «usurpar la identidad de varios de los propietarios de la documentación incautada durante la Guerra Civil», depositada en el CDMH. El caso más sangrante, a su entender, es el que afecta a la CNT de Cataluña. «La Generalitat ha dado un total de 145.752 documentos y 40 libros a un grupúsculo autodenominado CNT Joaquín Costa», una escisión de la CNT. Según le comentaron responsables del sindicato anarquista, que denunciarán el hecho, Rogelio Blanco les dijo: «Ésta es una decisión política en la que ha ganado Cataluña».

Según su opinión, «lo más sensato en estos momentos es esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso planteado por el PP contra la ley». Entre tanto, cree que «se debe revisar con absoluto rigor y control las reclamaciones de la Generalitat de Cataluña, al objeto de evitar los graves errores detectados en la documentación transferida».

«Y en ningún caso se debe transferir a la Generalitat documentos de personas naturales o jurídicas de carácter privado que se opongan al traslado», añade.