Informes jurídicos del Principado amparan la acogida a menores por empresas privadas

La consejera de Bienestar Social declaró ayer en la Junta General que su criterio es que los asuntos de infancia deben quedar al margen del negocio del mercado, y en ese sentido, afirmó, va la propuesta aprobada el pasado miércoles en el Consejo de Gobierno de reformar parcialmente la ley de Servicios Sociales. No obstante, añadió, que tanto el servicio jurídico de su departamento como el de Intervención General del Principado, le exigieron que los pliegos de la contratación del Servicio de Primera Acogida al Menor, ubicado en el Fundoma (Oviedo), debían excluir la exigencia de habilitación que pide la Ley de Protección del Menor "porque restringe la competencia" e impide presentarse a "entidades con ánimo de lucro".

"Y no vamos a saltarnos los informes de Intervención General", añadió Díaz.

La consejera comparecía ayer, a petición de la diputada de IU, Noemí Martín, para explicar lo que calificó de "un despropósito". Y lo hacia días después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales paralizara cautelarmente el concurso, tras el recurso presentado por doce asociaciones, entre ellas la Profesional de Educadores Sociales. Dos ofertas aspiraban a hacerse con la citada contratación: una UTE compuesta por tres asociaciones habilitadas y una empresa privada con ánimo de lucro.

Las Unidades de Primera Acogida prestan asistencia inmediata a menores en situación de desprotección por un periodo máximo de 45 días, hasta que los servicios técnicos deciden la medida de protección más adecuada. En Asturias funcionan dos, la Materno Infantil de Oviedo -Esther Díaz aprovechó el debate para reiterar que no hay ningún planteamiento de cierre- y la de Madre Larrañaga, en Gijón.

Noemí Martín trató de poner en evidencia las contradicciones de algunos servicios jurídicos del Principado: ¿por qué el acuerdo marco de 2012, con la misma legislación, no consideró restrictivo para la competencia que se incluyera la necesidad de habilitación?. "Estamos a tiempo de corregir un despropósito ", añadió.

Foro, PP y UPyD coincidieron en subrayar la "dudosa" interpretación de los servicios jurídicos y en exigir que se respete la Ley del menor.