06 de marzo de 2017
06.03.2017
Juicio por abusos sexuales

El padre Román niega cualquier abuso sexual y habla de amor cristiano

El sacerdote afirma que solo asesoró a un menor en el plano religioso para que "profundizara en su fe"

06.03.2017 | 10:58
El padre Román niega cualquier abuso sexual y habla de amor cristiano

El padre Román M.V.C. ha negado este lunes ante el tribunal que lo juzga en la Audiencia Provincial de Granada haber abusado de un menor de su parroquia desde 2004 a 2007, al que, según afirma, solo asesoró en el plano religioso para que "profundizara en su fe" y al que afirma que quería "en el sentido que usan los cristianos" pero no "de enamoramiento".

Durante su declaración en la Sección Segunda de la Audiencia, el padre Román ha garantizado que nunca ha pedido ni dado "favores sexuales" al denunciante de los abusos, ni ha compartido cama con él ni con el resto de miembros del llamado clan de los Romanones, que supuestamente él lideraba y en cuyo seno ha negado que se produjera "ningún tipo" de relación homosexual en la casa parroquial o en las propiedades que poseían en Pinillos y Salobreña.

Al inicio de la sesión, el tribunal no ha admitido la cuestión previa planteada por la defensa del padre Román para la nulidad del expediente canónico que se ha incorporado en la causa en una pieza separada y en la que se recoge la declaración sobre este supuesto caso de abusos de tres de las personas inicialmente investigadas en la causa, que tuvo un total de doce imputados.

La Sala ha rechazado sacar este informe canónico del proceso al entender que no se obtuvo de manera ilícita, en tanto que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, lo entregó de manera voluntaria y no se han vulnerado derechos procesales o el derecho de defensa del acusado, aunque el tribunal se reserva el derecho de resolver esta cuestión en sentencia.

La Fiscalía imputa al religioso un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal, y solicita en su escrito provisional una pena de nueve años de prisión, la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros y, entre otras medidas, una indemnización de 50.000 euros al entonces menor por daño moral.

Petición de penas


La acusación particular, ejercida por el joven denunciante de los abusos y supuesta víctima, le atribuye tres delitos de abuso sexual, con una petición de penas de 26 años de prisión, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y prohibición de comunicarse durante 20 años, además de una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daño moral.

 

El acusado, cuya defensa pide su libre absolución, ha llegado a la sede de la Audiencia pasadas las nueve de la mañana y ha rehusado hacer declaraciones.

El fiscal del caso, Francisco Hernández, ha explicado, a preguntas de los periodistas, que será "muy relevante" el testimonio del denunciante, que se contrastará con las periciales y las declaraciones de los testigos y que en atención a todo el desarrollo del juicio "mantendrá o modificará" sus conclusiones provisionales.

El letrado del denunciante, Jorge Aguilera, ha dicho que su cliente está "tranquilo", que el archivo de la causa para el resto de investigados iniciales por haber prescrito los delitos le provocó desazón y que afronta el juicio con esperanza.

La acción popular, ejercida por la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni), ha solicitado 15 años de prisión por delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento, y con acceso carnal.

El Papa Francisco pidió perdón


El caso se abrió después de que un joven que ahora tiene unos 25 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía andaluza en octubre de 2014, y sobre los que llegó a pronunciarse el Papa Francisco.

Durante la declaración indagatoria, el único imputado en la causa expresó su "absoluta" disconformidad con el auto de procesamiento y explicó que únicamente tenía, como sacerdote, un "amor fraterno" por el denunciante de los supuestos abusos.

En este proceso judicial llegó a haber hasta doce imputados, diez curas y dos laicos, aunque la Audiencia decidió de manera definitiva declarar prescritos los delitos atribuidos a once de ellos.
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