Juan Rivas, la mujer de Maracena (Granada) que el verano del año pasado se fugó con sus dos hijos para no entregarlos a su expareja, a quien acusaba de malos tratos, ha sido condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, así como a la perdida de la patria potestad de los niños durante seis años. La sentencia, emitida por el Juzgado de lo Penal número uno de Granada y comunicada ayer, obliga además a la mujer a indemnizar al padre de los niños, Francesco Arcuri, con 30.000 euros, y al pago de las costas procesales. Juana Rivas ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial. Algunos colectivos y partidos como IU reclaman ya el indulto, que a ojos de la portavoz parlamentaria del PSOE en materia de Igualdad, Ana Álvarez, es "obligado" ante una sentencia "inquietante para la seguridad de las mujeres".

En el fallo judicial, el magistrado que la firma, Manuel Piñar Díaz, culpa a Juana Rivas de iniciar un proceso por malos tratos contra su expareja para cobrar ventaja en una eventual causa por la patria potestad de los niños. Unos argumentos que han generado indignación entre los colectivos feministas, que hablan de una sentencia "vergonzosa" y que ya han empezado a organizar movilizaciones por toda España.

"Es una vergüenza de sentencia, no hay por donde agarrarla. Es una sentencia que pretende servir de ejemplo, y es un caso clarísimo de violencia institucional, una demostración más de la injusticia patriarcal", sostiene Eva Irazu, portavoz de la Plataforma Feminista d'Asturies.

Algunos pasajes de la sentencia resultan especialmente controvertidos, a ojos de estos colectivos. En relación a la denuncia por malos tratos contra Arcuri, que Juana Rivas interpuso 12 de julio de 2016 y que, tras permanecer bloqueada durante un año por los juzgados españoles, fue remitida a Italia, donde está paralizada, el magistrado sostiene que "no es creíble" porque "los hechos muestran que ella decide separarse en el verano de 2016 y por si misma o porque alguien le asesora, se percata que hay un escollo importante con la guarda y custodia de los niños y para obtenerla a su favor, decide explotar el argumento del maltrato". Una maniobra, según el juez, que la defensa de la madre de Maracena "dejó de lado" pese "al renuente cinismo de Juana en mantener ese argumento del maltrato".

"Parece que se nos odia a todas las mujeres y no se nos da credibilidad en ningún sitio. No hay más que mirar el caso de la violación a la chica en el Carmín de Pola de Siero, que ahora el acusado ha quedado libre. Parece que tenemos a la justicia en contra", afirma Jessica Castaño, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias. "Hasta que la persona que está juzgando no tenga ciertos conocimientos, va a ser muy difíciles que tengamos sentencias justas", añade Castaño.

El fallo del juez Manuel Piñar Díaz también reconoce a Francesco Arcuri el derecho a recibir una indemnización económica por las acusaciones vertidas contra él por Juana Rivas, algo que no contemplaba la Fiscalía durante el proceso judicial. "Predicar a los cuatro vientos que una persona maltrata, tortura y aterra a su familia, e incluso, que ha golpeado al hijo mayor, cuando no hay una condena firme, ni siquiera una investigación en trámite, y arengar a una multitud irreflexiva y visceral, para hacerla cómplice de ese escarnio, tratando de que la apoye de manera más o menos explícita, es una afrenta que muestra una voluntad dañina y lesiva de elementales derechos como el honor o el de presunción de inocencia", afirma el magistrado en la sentencia, en la que incide en el daño potencial sobre los menores de las acusaciones que hizo Juana Rivas respecto a Arcuri durante el proceso judicial.

"No es habitual que se abra la pena sobre lo que pide la acusación particular", explica el abogado penalista Ignacio Hernando. Sobre la sentencia, el letrado considera que "era previsible" un fallo condenatorio, y aunque reconoce que "la pena es alta", insiste en que está dentro del margen que establece la ley. Sobre el horizonte penal de Juana Rivas, Hernando cree que podría acabar con una sentencia en la Audiencia Provincial de Granada, aunque precisa que "extraordinariamente, se puede presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo".