Las víctimas de violencia de género no tendrán la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección social y jurídica, como necesitaban hasta ahora. Así lo establece el real decreto aprobado ayer en el Consejo de Ministros dentro de las medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil. Esta reforma tiene como fin de "mejorar" la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos "que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas", dice la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
