El Principado ha aprobado la renovación del Consejo Social de la Universidad de Oviedo con el nombramiento de los miembros designados por el Consejo de Gobierno, la Junta General del Principado y la Federación Asturiana de Concejos. El decreto con la composición actualizada se publicará el martes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y una vez que tomen posesión los nuevos integrantes, se procederá al nombramiento del presidente, un cargo para el que el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, propondrá al empresario asturmexicano y coleccionista de arte Juan Antonio Pérez Simón, tal y como ya adelantó en su día LA NUEVA ESPAÑA.

Junto con Simón, los nuevos representantes que asumirán las vocalías que estaban pendientes de designación por parte del Ejecutivo son el subdirector general del Grupo Banco Sabadell, Pablo Gerardo Junceda; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, Paz Fernández Felgueroso, y la secretaria de Educación, Universidades y Política Lingüística de la Federación Socialista Asturiana y doctora en Pedagogía, Mari Luz Pontón.

Al mismo tiempo, se ha procedido al nombramiento de los cuatro representantes de la Junta General del Principado en el Consejo Social: Ramón Álvarez Bello, María Jesús Martín González, Isidro Fernández Rozada y Marta María Fernández Álvarez; de la vocal de la Federación Asturiana de Concejos, la alcaldesa de Gijón, Ana González, en representación de los municipios con campus universitarios, y de los miembros natos del Principado en el órgano universitario: la directora general de Universidad, Cristina González Morán, y la interventora general, Ana Masa Timón, como responsable del área de Economía.

Con la aprobación de los nuevos nombramientos se produce el cese del hasta ahora presidente del Consejo Social, Ladislao Azcona, y del secretario, Ignacio Villaverde. Una vez que se reúna el nuevo Consejo Social en pleno, su nuevo presidente será el encargado de nombrar a la persona que ocupe la secretaría.

El Consejo Social es el órgano que regula la participación de la sociedad asturiana en la Universidad y un elemento clave en la relación entre el gobierno universitario y el Principado de Asturias. Entre otras cuestiones, le corresponde aprobar los presupuestos de la institución académica, supervisar los servicios y actividades de carácter económico y aprobar la implantación o supresión tanto de titulaciones como de centros universitarios.