El "pin parental" tiene los días contados, según los expertos en Derecho Constitucional y en Pedagogía. Las posibilidades de prosperar de la iniciativa lanzada por Vox son remotas y su argumentación no se sostiene ante ningún tribunal, ni español ni europeo, indican. Y en cuanto a la propiedad de los hijos hay unanimidad: los niños son personas, no objetos, no son de nadie y tienen derechos por sí mismos. El próximo mes de marzo, constitucionalistas y expertos en educación de todo el país se reunirán en Asturias en el Congreso "Democracia y libertades educativas".
Francisco Javier Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, afirma que "la idea de neutralidad de la educación es absurda" y sostiene que lo que tiene que haber "es una educación en línea con los valores constitucionales, en colegios privados, públicos y concertados".
Benito Aláez, también catedrático de Constitucional en Oviedo, advierte que "a lo que Vox y, en parte, el PP están apuntando es a esa interpretación de que el colegio está para educar y la casa para enseñar, y eso no es así". "El Estado es el primer responsable de organizar el derecho a la educación, lo dice la Constitución", explica, y plantea: "¿El Estado ha dicho que hay que enseñar sexualidad en el currículum obligatorio de los colegios? Sí, lo ha dicho", así que "las clases impartidas por personas autorizadas por el centro son obligatorias, no cabe objeción de conciencia y son evaluables". El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, añade, ya se pronunció a favor de la asignatura de educación sexual en 1976, cuando se introdujo en los colegios de Dinamarca.
Ana Valero, profesora de Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y una de las ponentes que participarán en el congreso sobre Derecho y Educación, sostiene que "los tratados internacionales dicen que los padres han de ser guías orientadores, no imponer la educación, y la Constitución señala que el objetivo de la educación es el libre desarrollo de la personalidad", lo que significa que no se puede "privar a los niños de observar las distintas opciones y contrastar lo que se les enseña en casa con el pluralismo existente en la sociedad".
Désirée Fernández, presidenta de la Conferación de la educación concertada en Asturias, afirma que su organización "defiende la libertad de educación, y en los colegios concertados no hay problema: la formación que reciben los alumnos es pública y accesible". Fernández añade que "la política debería mantenerse fuera de los colegios". Celestino Rodríguez, decano de la Facultad de Formación del Profesorado de Oviedo, lamenta que a estas alturas las fuerzas políticas no hayan suscrito un pacto de educación y que se enzarcen en "debates de días y días con el efecto negativo que tiene para las familias y los niños". "Lo importante es que los alumnos tengan una formación lo más amplia posible; no creo que limitar el conocimiento de los niños sea la forma más adecuada de educar", afirma. Debates como el del "pin parental", agrega, "crean una brecha entre las familias y los docentes, y familias y docentes debemos trabajar muy unidos".
