Las autonomías gobernadas por el PP arremetieron ayer contra la decisión "unilateral" del Gobierno central de retirar 2.400 millones de euros, de los que 68 correspondían a Asturias, destinados inicialmente a formación profesional para pagar las prestaciones a los trabajadores, anunciada en el marco de medidas económicas por la crisis del coronavirus. También la Generalitat catalana se sumó las críticas por la retiradas de esos fondos.
La inyección de millones anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de paliar los efectos económicos derivados de la ralentización económica por el COVID-19 necesita liquidez inmediata. Y el Ejecutivo ha decidido intervenir los fondos a la formación profesional, que gestionan las comunidades autónomas, para destinar ese dinero a las ayudas al paro. Los fondos a la formación profesional se recaudan a través de una carga del 0,7% sobre las nóminas de los trabajadores, que están presupuestadas en 2.414 millones.
La decisión del Gobierno no ha sentado nada bien en siete gobiernos autonómicos, en los que tiene mayoría el PP. La Comunidad de Madrid, que gobierna Isabel Díaz Ayuso, envió una carta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que tachó esa medida de "menosprecio" por no haberla consultado previamente con los ejecutivos autonómicos. Madrid dejará de percibir una cantidad próxima a los 140 millones de euros. El consejero madrileño de Economía, Manuel Giménez, sostuvo en dicha misiva que ese "tijeretazo" afecta de lleno a los cursos de recualificación profesional "dirigidos a 95.000 madrileños" y, por tanto, está "impidiendo que se mantenga el empleo". La comunidad "entiende y apoya la necesidad de asegurar el pago de las prestaciones por desempleo en esta situación, pero no a costa de descapitalizar gravemente la fuerza laboral", afirmó.
La Junta de Andalucía, que se financia con 430 millones de euros de estos fondos, también calificó ayer la medida de "improvisada", con la que manifestó su desacuerdo. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno entiende que el Gobierno central tenía alternativas que no suponían recortar las políticas activas de empleo gestionadas por las autonomías. La Junta de Andalucía tendrá ahora que "replantearse" esas políticas y, en concreto, "la reactivación después de muchos años de la formación profesional para el empleo", una actuación para la que ya había licitado 41 millones de euros en el presente ejercicio.
El conselleiro de Economía, Empleo e Industria de la Xunta, Francisco Conde, también se sumó a las críticas al Gobierno central por una iniciativa que, en el caso de Galicia, frustra el acceso a 100 millones de euros que le correspondían este año. Para Conde, esta decisión supone romper "el consenso, el diálogo y la corresponsabilidad" que el Ejecutivo central debía mantener con las autonomías.
La Generalitat mostró igualmente su "total disconformidad" con una actuación que, según el Ejecutivo catalán, implicará una reducción de 215 millones para este ejercicio. "Hay que tomar decisiones valientes para luchar contra la crisis sanitaria, pero también lo tienen que ser las políticas públicas para preservar el tejido productivo y para empezar a encarar la poscrisis y la recuperación. Esta medida va en contra de esto", afirmó el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani.
