"No es abuso, es violación". Era el grito unánime en las calles del país en los días que siguieron a la primera sentencia de "la Manada", cinco amigos en la veintena que violaron en grupo, durante los Sanfermines, a una joven de 18 años en un portal. En aquellos días de abril y mayo de 2018, hubo una auténtica convulsión. La Audiencia de Navarra condenaba a los cinco implicados por abusos sexuales y no por violación, que era lo que solicitaban las acusaciones. Los jueces entendieron que los hechos no podían considerarse violación al no haber violencia ni intimidación. Las penas impuestas no eran baladíes, nueve años de cárcel, pero quedaban lejos de los 22 de la Fiscalía y la víctima.
Era tal el rechazo social que el Gobierno de Rajoy convocó a la comisión de codificación para revisar el texto legal y recoger el malestar de la calle. Pero era tarde. El 25 de mayo de 2018, los socialistas presentaron la moción de censura que descabalgó a Rajoy y trajo el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Este primer Gobierno, solo socialista, heredó la reforma. Solo un mes después, en julio de 2018, la entonces ministra Carmen Calvo anunció una ,odificación en la que cualquier acto sexual sin un sí expreso sería delito. La propuesta fue calificada como una "barbaridad" por algunos juristas.
En diciembre de ese año, los expertos ya tenían sobre la mesa un borrador, que incorporaba el consentimiento como eje, en línea con otros ordenamientos considerados progresistas, como el sueco. Eliminaba el abuso sexual y consideraba todo ataque a la libertad sexual como agresión, recuperaba el delito de violación y consideraba agravante forzar a la pareja o expareja.
En abril de 2019 se produjeron nuevas elecciones generales. El PSOE introdujo el "solo sí es sí" en su programa electoral. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP y candidata por Barcelona, espetó a la ministra socialista María Jesús Montero una frase polémica: "¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?". En julio de 2019, el Tribunal Supremo deshizo el entuerto de la Audiencia de Navarra (corroborado por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad) y condenó a los miembros de la "manada" a 15 años por un delito de violación.
Podemos, la voz cantante
Las elecciones obligaron al PSOE a pactar con Unidas Podemos en enero de 2020, y fue esta formación la que capitalizó la reforma. Se optó por el borrador de los morados, que ahondaba más aún en el consentimiento. Se castigaría todo acto en que la mujer no expresase de forma concluyente e inequívoca su voluntad de mantener relaciones sexuales.
El texto se sometió al CGPJ, que en febrero de 2021 emitió un informe que cuestionaba la definición del consentimiento y la desaparición del delito de abusos. Ya entonces los jueces pidieron que se mantuviera una diferencia entre los delitos con y sin violencia e intimidación. Y avisaron de que podría plantearse un problema de reducción de las penas de los condenados con el anterior Código. No se hizo caso. Tampoco de los otros 21 informes desfavorables. Solo se incluyeron cinco en el dossier remitido a los diputados.
Con la ley trans, la del "solo sí es sí" es la que más choques ha provocado entre los partidos de la coalición. La pandemia, además, retrasó este "proyecto estrella". El PSOE se mostraba más favorable a la posición del CGPJ, pero Sánchez ordenó desbloquear el proyecto y que fuese Irene Montero (Podemos) la que lo puliese con el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Derrotada , Carmen Calvo terminó saliendo del Gobierno.
Un año después, el 26 de mayo de 2022, el Congreso aprobó la ley por 201 votos a favor, 140 en contra (los de PP y Vox) y tres abstenciones de la CUP y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Irene Montero aseguró ese día que se había dado "un paso decisivo para cambiar la cultura sexual de nuestro país, lejos de la culpa y del miedo, para dejar atrás la cultura de la violación y crear una cultura del consentimiento". En el Senado, el 19 de julio, sin embargo, la ley sufrió un primer tropiezo, y regresó al Congreso. El 25 de agosto, la cámara baja volvió a aprobar la reforma, con 205 votos a favor, 141 en contra (84 del PP, 52 de Vox, uno del PNV y cuatro del grupo mixto) y las mismas abstenciones. Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, aseguraba: "Ha sido una victoria del movimiento feminista, de las movilizaciones, las luchas y la reivindicación social".
No se esperaba lo que vendría apenas dos meses después, un aluvión de peticiones de reducción de condena. No sin cierta delectación, Carmen Calvo fue de las primeras en exigir cambios urgentes para solucionar un problema "muy grave". Podemos negó fallo alguno en la ley, y achacó las reducciones de condena a una interpretación torticera de los jueces. El PSOE sigue apoyando la ley, pero se encomienda al Supremo para que unifique criterios.
