Menores e internet

Prohibir los vídeos violentos y activar ya la educación sexual: las demandas de los expertos ante la ley del porno

Los especialistas reclaman al Gobierno que sea valiente e impulse un plan ambicioso, que prohíba que los menores tengan acceso a cualquier tipo de vídeo pornográfico

Un joven consumiendo porno.

Un joven consumiendo porno. / DAVID CASTRO

Patricia Martín

El Consejo de Ministros aprobará este martes el 'Informe sobre la protección de menores frente al acceso a la pornografía en internet', que el Gobierno pretende que sirva de embrión de una futura ley que proteja a los niños y lleve a la realidad la petición de las organizaciones de infancia: que los más pequeños puedan usar internet, pero sin peligro.

La prohibición es compleja y puede chocar con otros derechos, por eso los expertos reclaman, sobre todo, acompañamiento escolar y familiar

Para ello, los especialistas reclaman al Ejecutivo que sea valiente e impulse un plan ambicioso, que prohíba que los menores tengan acceso a cualquier tipo de vídeo pornográfico e impida la emisión de los contenidos más violentos, los que muestran agresiones sexuales o denigran gravemente a la mujer (para que tampoco puedan visualizarlos los adultos). Asimismo, reclaman que se restrinjan otros contenidos perniciosos, como los que promueven el bullying, la bulimia o la anorexia.

Entidades y especialistas reclaman al Ejecutivo que impulse un plan ambicioso que impida la emisión de contenidos pornográficos violentos

Es decir, que se apruebe un paquete legislativo que no solo afecte a la pornografía sino que promueva una protección integral del menor, que venga acompañado –porque la prohibición por sí misma es compleja y siempre se puede burlar–, de la implantación, de una vez por todas, de la educación afectivo sexual en los centros educativos. El objetivo es que los jóvenes tengan las herramientas necesarias para rechazar y no consumir porno violento.

Tres frentes

El Gobierno, tal como ha desgranado Pedro Sánchez en varias entrevistas, está trabajando en tres frentes, para poner en marcha ese “plan integral”. Por un lado, la Agencia de Protección de Datos está buscando un sistema de verificación de la edad que impida que los menores puedan acceder al porno. Ahora basta con hacer clic y decir que eres mayor de 18 años, pero se está trabajando en una herramienta tecnológica que, sin burlar la privacidad, permita comprobar efectivamente la edad del usuario. Se esperan los primeros resultados en verano.

El Gobierno trabaja en tres "frentes": verificación de la edad, diálogo con los expertos y aprobación de una futura ley

Por otro lado, se han creado dos grupos de trabajo, uno en el seno del Gobierno y otro con expertos, destinado a alumbrar políticas que sirvan para proteger a los menores en la red. Y, por último, Sánchez se ha comprometido a aprobar una ley y ha pedido el apoyo del resto de grupos, administraciones y colectivos de la sociedad civil para que salga adelante. Fuentes del Gobierno apuntan a que, efectivamente, la idea es que sea una normativa amplia y que ponga coto también al ciberbullying.

La prohibición de contenidos despierta recelos, dado que puede afectar a la libertad de creación y al derecho a la información

Dificultades

No obstante, el camino es complicado, teniendo en cuenta la fragilidad del Gobierno. Aunque haya consenso parlamentario en torno a la necesidad de proteger a los menores, la idea de “prohibir” contenidos siempre despierta recelos, dado que puede afectar a la libertad de creación y al derecho a la información. Por ello, Save the Children reclama “cuidado” con la idea de “prohibir”. La entidad es partidaria del “etiquetado” de contenidos y de que se impida la difusión de aquellos “nocivos” –no solo relacionados con el porno–, pero siempre “garantizando el equilibrio de derechos”. “Por ejemplo, el control parental lo consideramos una herramienta, pero no la solución, esta pasa porque se acompañe a los menores y se les eduque en el uso de las nuevas tecnologías”, explica Carolina Perazzo, directora de incidencia de Save the Children.

En este sentido, la oenegé recuerda que es necesario implementar las leyes ya aprobadas para que la educación sexual llegue de una vez a los centros educativos.

José Luis García, psicólogo y experto en pornografía, sí es partidario de prohibir el porno de carácter violento, equiparando las penas por la producción, distribución y el consumo a las que se aplican a la pornografía infantil. Pero apunta a que hay que distinguir entre las películas sexuales eróticas, “que son necesarias para muchas personas con el fin de estimular el deseo sexual”, de las “pornoviolentas”, que son las que deberían limitarse.

"El porno violento solo desaparecerá cuando deje de consumirse, no antes”

José Luis García

— Psicólogo y sexólogo

Ahora bien, considera que puede traer consigo una “revuelta política” y que, por sí sola, es una medida que no resuelve el problema porque las prohibiciones tecnológicas pueden burlarse y el “porno violento solo desaparecerá cuando deje de consumirse”. Por ello, es partidario de “capacitar”a los jóvenes mediante la educación, para que no consuman contenidos agresivos y denigrantes.

Otras medidas

A su vez, Dale una Vuelta, entidad referente en la adicción al porno, reclama que los móviles que usan menores vengan por defecto con el control de contenidos instalado. Además, pide mejorar el control de algoritmos para que, si un menor busca contenidos sexualizados, no se le ofrezca cada vez una sexualización mayor. También que se realice investigación de calado sobre el impacto de las pantallas y la pornografía en el ámbito afectivo-sexual y que se destinen recursos de salud pública en este campo encaminados a la detección, prevención e intervención. Asimismo, esta entidad es partidaria de la prohibición de contenidos pornográficos denigrantes, violentos y agresivos, con el fin de “proteger el desarrollo integral del menor”.

Por último, Ignacio Guadix, responsable de Derechos Digitales de UNICEF España, aplaude la iniciativa gubernamental pero apunta los siguientes “retos”: la necesidad de alcanzar un consenso para que sea una prioridad de país y se produzca una buena coordinación entre los distintos niveles de la Administración; la dotación de recursos; la armonización de las normativas europeas, nacionales y autonómicas para asegurar la aplicabilidad necesaria en un entorno dinámico; y contar con la opinión de niños y adolescentes.

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