Crisis climática

Luz verde del Parlamento Europeo a prohibir las ayudas para financiar calderas de gas a partir de 2025

La medida forma parte de la directiva sobre eficiencia energética que obligará a que todos los edificios nuevos sean climáticamente neutros a partir de 2030

Un técnico revisa una caldera de gas.

Un técnico revisa una caldera de gas. / EP

Silvia Martinez

El fin de las calderas de gas o gasóleo está un poco más cerca. El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde -por 370 votos a favor, 199 en contra y 46 abstenciones- a la nueva directiva sobre eficiencia energética que obligará a los gobiernos europeos a garantizar que todos los edificios de nueva construcción sean climáticamente neutros a partir de 2030, dentro de los planes para lograr la neutralidad climática para 2050.

El objetivo es que promover sistemas de climatización sin emisiones y que en 2040 ya no se usen las calderas de gas

La normativa exigirá a los gobiernos que prohíban las ayudas para los sistemas de calefacción que funcionan con combustibles fósiles a partir de 2025, con la idea de eliminar progresivamente el uso de calderas de gas para 2040.

El objetivo es promover sistemas de climatización sin emisiones. Por eso, los incentivos financieros seguirán siendo posibles, aunque solo para los sistemas híbridos de calefacción que utilicen una cuota significativa de renovables, como los que combinan una caldera con una bomba de calor o una instalación solar térmica. "Esta ley ayudará a reducir las facturas de energía y abordará las causas profundas de la pobreza energética, al tiempo que generará miles de empleos locales de alta calidad en toda la UE", ha celebrado el ponente de la Eurocámara, el ecologista irlandés Ciarán Cuffe.

El 40% del consumo de la energía en la UE y más de un tercio de las emisiones de gases con efecto invernadero proceden de los edificios

El 40% del consumo de la energía en la Unión Europea y más de un tercio de las emisiones de gases con efecto invernadero proceden hoy en día de los edificios. De ahí la importancia de revisar la normativa sobre eficiencia energética -propuesta por Bruselas en diciembre de 2021 como parte del paquete Fit for 55- para que este segmento aporte también su granito de arena al objetivo de lograr la neutralidad climática.

Los Veintisiete deberán adoptar medidas para reducir el consumo de energía en edificios residenciales

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo cerraron un acuerdo provisional a principios de diciembre pasado, bajo presidencia semestral española de la UE, y con la aprobación de la directiva en el pleno la tramitación ha entrado en su recta final, a falta de la aprobación final del Consejo.

Climáticamente neutros en 2030

Según la nueva normativa, todos los edificios de nueva construcción tendrán que ser climáticamente neutros a partir de 2030. Los edificios nuevos ocupados por las autoridades públicas o que sean de propiedad pública deberán alcanzar este objetivo ya en 2028 y los Estados miembros podrán tener en cuenta el potencial de calentamiento global (PCG) a lo largo del ciclo de vida del edificio, que incluye la producción y eliminación de los productos utilizados para construirlo.

En el caso de los edificios residenciales, los países de la UE tendrán que adoptar medidas que garanticen una reducción media de energía primaria utilizada de al menos un 16% para 2030 y de al menos entre un 20 y un 22% para 2035.

El objetivo de la UE con la nueva ley es renovar los edificios menos eficientes. Para ello, la directiva obligará a los gobiernos a renovar el 16% de los edificios no residenciales menos eficientes para 2030 y, para 2033, el 26 % con menor eficiencia mediante requisitos mínimos de eficiencia energética.

Además, si fuera técnica y económicamente adecuado, los Estados miembros tendrán que incorporar de forma paulatina en los edificios públicos y no residenciales instalaciones solares. Para los edificios residenciales nuevos, las instalaciones solares deberán estar instaladas de aquí a 2030.

La directiva también incorpora algunas excepciones. Por ejemplo, los edificios agrícolas y los que formen parte del patrimonio cultural e histórico podrán quedar excluidos. Además, los gobiernos podrán decidir no establecer o no aplicar sus requisitos a los edificios protegidos por su valor arquitectónico o histórico especial, las construcciones provisionales y a los edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.