Ana María R. F., la abogada avilesina acusada de apropiarse del dinero de 39 clientes a lo largo de varios años de actividad profesional, se sienta el martes de la semana que viene en el banquillo de la sección segunda de la Audiencia Provincial, donde se enfrenta a una petición de condena de diez años de prisión y el pago de 1,5 millones. La mujer fue noticia hace casi cuatro años, tras conocerse que se había arrojado por una ventana de su antiguo despacho, situado en la calle Ramiro I de la localidad castrillonense de Piedras Blancas. Según su letrado, Marcelino Tamargo, ha intentado matarse tres veces. El caso causó gran estupor, dado que la letrada era muy conocida. El juicio iba a celebrarse el pasado octubre, pero se pospuso debido a la enfermedad de un magistrado hasta el 8 de mayo. Han sido convocados casi medio centenar de testigos a declarar en el juicio, que tendrá varias sesiones. El antiguo socio de la letrada está personado como acusación particular, aunque también como responsable subsidiario.

El fiscal considera que la abogada es autora de delitos de deslealtad profesional, apropiación indebida y falsificación de documento público. Pide diez años de prisión, cuatro de inhabilitación y el pago de una multa de 67.500 euros. Según el escrito de acusación, los hechos por los que se juzga a la letrada se produjeron entre 2001 y 2013, año en el que fueron denunciados los hechos. El fiscal estima que la abogada se quedó con pagos de sus clientes y otros efectuados por terceros para sus mandantes. También llegó a elaborar resoluciones judiciales para engañar a sus clientes.

En 2003, siempre según el escrito fiscal, la letrada pidió daños morales para un cliente al que había acusado de falsedad, siendo absuelto. Al cliente le contó que había presentado una demanda en el juzgado de Pravia, lo que era falso. En 2007, confeccionó una sentencia falsa en la que se condenaba al cliente a pagar de 30.000 euros. El fiscal considera que el dinero se lo quedó ella. A otro, que le había encargado el cobro de una póliza de poco más de 4.000 euros, terminó cobrándole 4.600, 1.500 por honorarios y el resto como liquidación del impuesto de sucesiones, pero el dinero se lo quedó ella. La abogada pedía dinero para gestiones que no hacía. La mayoría eran casos de herencias o particiones, como dos hermanos octogenarios, a los que dejó sin 54.300 euros, añade la acusación.

La defensa de la mujer, que pidió la baja en el Colegio de Abogados de Oviedo en 2013, sostiene que sufre una enfermedad mental crónica -trastorno bipolar- y que no se apropió de nada. Según la letrada, en dos casos pudo haber fallado, pero el resto de denuncias es falso.