Cuatro detenidos y dos investigados es el resultado de la "operación Mula", por la que la Policía Nacional en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social ha destapado un fraude de más de 1,3 millones de euros. Uno de los investigados es el propietario de dos clubes de alterne de Gijón y Oviedo, que está en el Centro Penitenciario de Asturias y se le atribuye un supuesto delito contra la Seguridad Social. La Policía calcula que llegó a acumular una deuda de unos 115.000 euros en sólo dos años.

Las investigaciones comenzaron a finales de 2018 y las detenciones se produjeron recientemente en Langreo, Gijón y Oviedo. A los cuatro arrestados se les imputan cuatro presuntos delitos contra la Seguridad Social y otro de frustración en la ejecución.

Las pesquisas arrancaron cuando la Policía recibió diversas denuncias por posibles delitos contra la Seguridad Social cometidos en Asturias. Según un comunicado policial, los investigados, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas al organismo público, realizaron sucesiones empresariales opacas y crearon grupos fraudulentos de empresas, utilizando para ello en algunos casos la figura de testaferros.

En algunas ocasiones pusieron al frente de los negocios a miembros de su propia familia o a trabajadores que, según la versión policial, no tenían otra opción si no querían perder su trabajo.

Además, crearon sociedades patrimoniales a nombre de terceros, donde transferían los bienes de las empresas deudoras y de sus administradores con el fin de ocultar el patrimonio y los beneficios a sus acreedores.

En algunos casos también crearon entramados empresariales en los que la actividad societaria aparece en una u otra mercantil según conviniera, transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora, así como los elementos patrimoniales a la no deudora con el fin de continuar la actividad.

Los investigadores también constataron la ocultación de bienes a través de la transmisión en la titularidad, pasando a personas de confianza de la trama, o sin hacer efectivo el pago de cotizaciones de los trabajadores desde su alta en la Seguridad Social, no presentando la documentación preceptiva a los requerimientos realizados.

La Policía Nacional ha destacado la fluida coordinación y colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.