Todos los días salen a la palestra en nuestra comunidad autónoma los defensores del patrimonio cultural de Asturias. Es normal que lo hagan los ciudadanos de a pie, que pueden tener conocimiento del tema o no, pero están en su derecho de hacerlo.
Lo verdaderamente preocupante es cuando lo hacen nuestros representantes políticos y políticas) y que demuestran que es sólo una forma bonita de quedar políticamente correcto, pero en muchos casos lo que menos importa es el propio patrimonio.
En lo que atañe a mi querido concejo de Grandas de Salime, muy rico en patrimonio, últimamente se les llena la boca con la conservación y cuidado del mismo. Realmente los únicos que lo intentan conservar son el Ayuntamiento y los propios vecinos/as del concejo. Todo ello después de que en una parte del municipio se haya declarado BIC (Bien de Interés Cultural) por parte del Principado de Asturias, apoyado por "ilustrados", y en contra de los acuerdos de la Corporación y de los propios vecinos, con lo que dicha declaración conlleva. Puede caerse un edificio, un monasterio, un hórreo; pero para cambiar un canalón ahí está el servicio de Patrimonio para decirte cómo lo cambias.
Es frecuente ver por Grandas a diputados y diputadas (portavoces y portavozas), con la disculpa de presentar no se qué proposición en la Junta General. Se sacan la foto de rigor, comen en A Reigada y vuelta para Oviedo, probablemente con el coche oficial. Pero desconocen por completo la realidad, entre otras cosas porque no se informan, no preguntan a la gente documentada, preguntan a los que "caleyan" y así es imposible.
Nada saben o muy poco del Museo Etnográfico, del yacimiento arqueológico del Chao Sanmartín y del centro de interpretación del mismo, del Camino de Santiago a su paso por el concejo (Camino Primitivo), de la colegiata del Salvador, el mural de Vaquero en la central hidroeléctrica, de la capilla de Buspol, de la leprosería de San Lázaro, de los túmulos del Canadeiro, de los petroglifos de A Xorenga, del canal romano de Penafurada, etcétera. ¿Son conocedores de lo que se invierte en patrimonio en nuestro municipio y quien lo paga? ¿Conocen las aportaciones de la Administración autonómica para el mantenimiento del mismo y las que realiza el Ayuntamiento?
Deberían los "responsables" políticos y los técnicos dedicarse de manera real, veraz, con datos y con las consignaciones económicas correspondientes a la conservación de nuestro patrimonio.
