El 3 de octubre del año pasado, Felipe VI se dirigía a los españoles con estas palabras: "Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía".
Es bien conocida la furiosa reacción de los soberanistas catalanes, a la que se sumaron separatistas vascos y antisistemas. Desde entonces, las críticas a la Corona han ido en aumento hasta límites que sobrepasan cualquier línea roja imaginable. Desde las quemas de fotografías del Jefe del Estado, retiradas en los ayuntamientos, cambio de nominaciones en calles, negación pública de la presencia de Felipe VI en actos culturales, abucheos e insultos en algaradas, se pasó a la reprobación por votación en el Parlament y la última ofensa, por ahora, cuando Torra, presidente de la Generalitat, tacha de "hooligan" al Rey de España en un evento en Suiza. La campaña contra la institución monárquica es cada vez más intensa, tanto por los separatistas y golpistas como por populistas y antisistemas, que centran en la vigencia constitucional de la Corona el mayor obstáculo para derribar el "régimen del 78" y acabar con los llamados partidos dinásticos.
La socialdemocracia, el PSOE, se ha radicalizado e infectado del buenismo fatal, se halla mucho más cómodo con populistas y nacionalistas que le darán el hachazo cuando a ellos les convenga.
En la pugna contra la Corona han incluido a la judicatura. Les molesta particularmente que los jueces dicten sus sentencias en nombre del Rey y que sean los responsables últimos de garantizar el orden constitucional. Hoy, junto a las fuerzas de seguridad, son los servidores del Estado que más soportan el desafío separatista. Por eso no debe extrañar que la judicatura acompañe a la Corona en recibir ataques, insultos y descalificaciones.
Desgraciadamente son los únicos, el Rey y los jueces, los que en este periodo de confusión, de desarme de valores, ofrecen alguna luz en el túnel de la desesperanza en el que nos ha metido una clase política en gran parte incompetente, mentirosa, capaz de hundir 40 años de paz y progreso verdadero, a una transición que mereció elogios dentro y fuera de España. A corto plazo habrá ocasión de comprobar si el Rey y los tribunales reciben el necesario respaldo de las fuerzas políticas cuando los golpistas y populistas apliquen su "radicalidad democrática" a las previsibles sentencias del Tribunal Supremo.
El Rey acaba de dar testimonio de que no se arruga ante desplantes e insultos. Así se ha reafirmado en su discurso con ocasión de los actos de la Fundación "Princesa de Asturias": "El próximo 6 de diciembre celebraremos este 40º. aniversario de la Constitución? como un gran ejemplo del que podemos sentirnos profundamente orgullosos, como una lección de convivencia que dignifica la política y engrandece nuestra Historia? un pueblo que ganó la libertad y la democracia".
