Por los comentarios que pude oír estos días, casi me atrevo a decir que hay como una impresión general de extrañeza ante las protestas de los agricultores. Parece como que a todos nos hubiera cogido por sorpresa que hagan público su malestar y reclamen ser escuchados por una sociedad que, en su mayoría, es urbanita y está más pendiente de otras cosas que de las cosas del comer.
Las cosas del comer no suponen ningún problema. Con ir de compras y comprar lo que haga falta, sin preguntarnos de dónde viene ni si la fruta y las verduras se producen en el campo o en la trastienda de los supermercados, asunto solucionado. Estamos en Asturias, pero aquí ya nadie se extraña de que las manzanas que come vengan de Chile o de Argentina. Y la leche vaya usted a saber de dónde porque después de haber reducido la producción lechera, y de treinta años de cuota láctea, ahora resulta que España es deficitaria y produce tres millones de litros menos de lo que consume.
Son detalles que vienen a sumarse, por ejemplo, a que un kilo de aceitunas lo paguen a 0,74 céntimos y, luego, en la tienda cueste 4,78 euros; de ahí que se empiece a entender que los agricultores protesten y estén enfadados.
De todas maneras, más que protestas, a mí me parecen gritos desesperados, ante la indiferencia de todos y el afán de protagonismo de algunos.
No deja de ser curioso el detalle que aportan los datos, pues según el Ministerio de Agricultura la renta agraria lleva subiendo desde 2012 y, aunque en 2019 bajó un poco, en 2018 alcanzó la cifra récord de 30.217 millones de euros. A esto hay que añadir que las exportaciones agroalimentarias aumentaron un 97,5% en la última década.
Podría decirse que mejor imposible. Lo que sucede, y de ahí viene el problema, es que las buenas cifras macroeconómicas no repercuten positivamente en los agricultores. Mientras que la agricultura marcha cada vez mejor, a los agricultores les va cada vez peor. Peor a ellos y muy bien a las grandes empresas y los distribuidores, que son los que dominan el mercado y se quedan con los beneficios.
Esta situación no es nueva. Las quejas sobre los bajos precios que perciben los agricultores vienen de largo y constituyen una vieja reivindicación. Una reivindicación que, ahora, ha vuelto con fuerza, precisamente, cuando gobierna la izquierda. La mecha tal vez se haya prendido por el hartazgo, pero los partidos de derechas, el PP, Vox y Ciudadanos, consideran que el agrario es un sector sociológicamente suyo y se han apresurado a respaldar las protestas, pasando por alto que ellos también se olvidaron del campo cuando gobernaron. Lo olvidaron hasta el punto de que los cambios en el funcionamiento del mercado, que tanto perjudican a los agricultores, fueron impulsados por la política de promover una economía todavía más liberal.
Eso los agricultores lo saben y por eso que también han gritado, pidiéndoles que se aparten y no traten de utilizarlos. Por una parte, hay quien intenta aprovecharse de sus protestas y, por otra, tampoco es lo mismo lo que persiguen los grandes empresarios agrícolas que los autónomos y los trabajadores del campo. Los perjudicados no son los empresarios, son los trabajadores y los autónomos, lo malo que, viéndolos a todos juntos detrás de la misma pancarta, cuesta distinguirlos.
