En los últimos tiempos prevalece en España una política de angostos horizontes en la que se busca más el conflicto que la solución de los problemas reales del país. Los excesivos escrúpulos éticos ahogan muchas veces una eficiente actividad política. Por los motivos más diversos, polémicas y escándalos se suceden, se solapan, se relegan y reaparecen, como si lo que importara fuera sobre todo desprestigiar al adversario político.
Con frecuencia se confunden los ideales de puro deseo con una realidad compleja y tornadiza. Así, hace unas semanas, a propósito de la legalización de una asociación de "trabajadoras sexuales", salieron a relucir los aspectos más controvertidos de la llamada industria del sexo. Aunque esa organización agrupa en principio a mujeres de Barcelona, su validez legal es de ámbito nacional.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, reaccionó diciendo que le habían colado un gol por la escuadra y trata de anular el sindicato legalizado. En este caso sería mejor hablar de un gol en la propia meta, ya que fue una persona de su departamento la que permitió la legalización.
Sobre el asunto, la vicepresidenta Carmen Calvo sostiene que la prostitución "no es el oficio más antiguo del mundo, sino la esclavitud más antigua y grande la historia. Y para buena parte del movimiento feminista no es compatible con la igualdad entre mujeres y hombres".
España es el país que más dinero gasta en prostitución de la zona euro: se calcula que este negocio mueve unos 18.000 millones de euros al año. En tal sentido, hace algún tiempo que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, viene defendiendo que se regule la prostitución en España, entre otras razones, porque permitiría recaudar anualmente hasta 6.000 millones de euros.
En España, la prostitución no se considera ilegal si una persona la ejerce libremente y se queda con el beneficio económico que le proporcione. Se sanciona si se practica en zonas transitadas, cerca de las zonas destinas y frecuentadas por menores. Y en aquellos lugares en que suponga un riesgo para la seguridad vial.
Por otra parte, esta polémica sobre la prostitución me hizo recordar una serie de llamativos episodios que tuvieron lugar en Langreo hace unos noventa años, al final de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. En esta pugna llama la atención los términos utilizados para designar lugares y personas. Eran tiempos en que el problema se abordaba de una forma menos sofisticada que ahora.
Pues bien, tras una dura campaña para erradicar "el libertinaje y el vicio", fueron clausurados algunos bares "de mujeres de mala nota". La medida desencadenó una fuerte batalla dialéctica e ideológica.
Los vecinos se quejaban de los escándalos que se producían en plena calle. Y las organizaciones políticas pronto intervinieron en la controversia. Los conservadores se opusieron radicalmente a que siguieran abiertos "aquellos antros de incultura y mal ejemplo". Lo socialistas, arguyendo el estado de incultura de los obreros y de la clase media, aprobaron el cierre de las "casas de mal vivir", hasta que estuvieron cumplidamente reglamentadas. Y los republicanos defendieron aquellos "lugares de solar y recreo", que representaban para ellos el índice cultural de un pueblo.
Esta postura irritó especialmente al diario ovetense Región, portavoz de los conservadores asturianos. Tras acusar de disolventes y libertinos a los republicanos, el periódico arremete sin piedad contra los locales de "chicas de mala nota". Pero éstas no se arredraron: respondieron de inmediato manifestándose festiva y ruidosamente por las calles del municipio para defender "sus legítimos derechos".
Y es ahora cuando entran en juego los sindicatos, sobre todo los de ideario anarquista, defendiendo los derechos de las "dignas trabajadores del placer". El conflicto duró varias semanas. Se calmó temporalmente cuando las autoridades permitieron que aquellas "jaraneras y reivindicativas" jóvenes siguieran ejerciendo su oficio, siempre que evitaran los malos ejemplos y los escándalos públicos.
Un apunte final. La prostitución tiene sin duda múltiples connotaciones: políticas, económicas, éticas, religiosas, sanitarias, de orden público. Y de indigna explotación humana por parte de mafias y proxenetas. Pero también es una insoslayable realidad social que requiere razonables medidas políticas que ya se aplicaron en otros países europeos. Ya se sabe que hay cosas que no tienen enmienda.
