La reciente iniciativa del Gobierno de España (no es el Gobierno de Sánchez ni del PSOE, sino de España) de exhumar los restos de Francisco Franco que reposan en Cuelgamuros -para así hacer entrega de los mismos a sus familiares- ha puesto sobre la mesa una realidad incontestable: el régimen de 1978, la Transición y el status quo resultante, han sido una mutación -o más bien una evolución- del régimen franquista y en ningún caso una expresión rupturista con aquello que había antes de la muerte del Dictador.
Esto lo digo sin aspavientos ni neurosis alguna ya que es otro hecho incontestable que Franco murió en la cama y en medio de una oposición a su régimen que pese a ser heroica, creciente y combativa, en ningún momento llegó a significar un movimiento revolucionario capaz de derrocar estrepitosamente al régimen del "18 de julio". Muy al contrario, fueron las élites franquistas y/o monárquicas, junto al propio contexto internacional, quienes diseñaron una Transición que no gustaba a la oposición democrática pero que en verdad fue aceptada en aras de reconstruir la convivencia y ganar el futuro de los españoles.
Y solo a partir de ahí, con mucho ingenio y esfuerzo (y a base de renunciar a parte de sus señas de identidad), la izquierda política y social pudo introducir matices y mejoras, instrumentos políticos y jurídicos para construir la sociedad que hoy tenemos.
Sin embargo, ante un hecho tan evidente como que la trayectoria de Franco se corresponde con la de un golpista tirano, genocida y criminal, resulta que una parte de la sociedad se rebela -al menos por ahora dialécticamente- y niega esa verdad. Se relativiza y reinterpreta la Historia cayendo en el negacionismo de igual modo que algunos aún niegan la existencia de campos de exterminio durante el nazismo aunque con la diferencia de que esa doctrina de negación constituye un delito en países como Alemania mientras en España la justificación y exaltación de los crímenes franquistas es gratuita y asumible por los poderes públicos y la sociedad en su conjunto.
Curiosamente, la derecha política y mediática ha desplegado por activa y por pasiva un argumentario consistente en decir que la exhumación es un acto administrativo que carece de prioridad, que no interesa a la ciudadanía y que obedece a trasnochados planteamientos ideológicos y revanchistas propios de los perdedores de la contienda. Pablo Casado y Albert Rivera piensan -y además de pensarlo tienen la desfachatez de decirlo- que exhumar los restos de Franco de Cuelgamuros y entregarlos a la familia es un hecho que reabre heridas.
Señores dirigentes del PP y CS, ¿cómo debe sentirse mi familia y yo mismo que desde hace ocho décadas tenemos a mi abuelo paterno en una fosa común? ¿Esas heridas están cerradas? ¿Cuándo y cómo podremos pasar esa página de nuestra historia colectiva y personal?
Ese discurso de los señores Casado y Rivera nace ya viciado en origen pues, de ser así, algo que supuestamente carece de interés está haciendo correr ríos de tinta y ha motivado una movilización sin precedentes de colectivos tan significativos como por ejemplo sectores castrenses desde los cuales se han venido sucediendo las cartas, artículos y pronunciamientos públicos por parte de oficiales de la más alta graduación en el escalafón, si bien en situación de reserva. Este es un hecho de una gravedad palmaria.
Queda constatado, por consiguiente, que el franquismo sociológico sigue de algún modo vigente, que la deformación de la Historia a modo de adoctrinamiento y la desinformación durante décadas han dado su fruto (venenoso, pero fruto) y que la laxitud de los gobiernos democráticos en la renovación de determinadas estructuras del Estado han permitido perpetuar inercias y tics impropios de este momento histórico y de nuestro contexto como nación en el mundo.
Todo ello deja patente que la Transición fue la que fue porque no pudo ser otra, ya que si en pleno siglo XXI encontramos las arengas que aún se leen en algunos artículos y manifiestos a favor del Dictador, ¿qué escenario se podría haber generado en España si a finales de los setenta -o en los ochenta- se hubiera planteado revisar la Ley de Amnistía o clausurar el Valle de los Caídos o tantas otras medidas que en ocasiones se reprocha a los dirigentes de aquellos tiempos no haber tomado? Es sencillo olvidar ahora que, aún en 1980, todas las Capitanías Generales estaban bajo mando en plaza de militares que habían hecho la guerra a las órdenes de Franco.
Finalmente también se pone de manifiesto, de una vez por todas, quienes históricamente pusieron alma, corazón y vida para construir una España más cohesionada, reconciliada y capaz de superar las heridas pretéritas, pero siempre con el anhelo y la legítima aspiración de reivindicar la Libertad, la Memoria y la Justicia, elementos sin los cuales nuestra nación no podrá ser entendida -ni explicada en tiempos venideros- y por añadidura se verá abocada en el futuro a sucumbir a las derivas y tentaciones que arrojaron a España a situaciones muy trágicas en el pasado.
