La flamante candidata del PP a la presidencia del Principado ha realizado unas declaraciones, publicadas por este diario, en su visita a un colegio religioso privado y concertado de La Felguera, en las que acusa al consejero de Educación y Cultura de "desprestigiar a la enseñanza concertada". Es decir, a la subvencionada con el erario público y que está regida por la empresa eclesiástica en un 90%. Estas, en mi opinión, extemporáneas declaraciones merecen con sentido pedagógico algunas consideraciones que expongo a continuación.
La escuela pública, estimada señora, a diferencia de la privada concertada, y la defino como privada porque lo es previamente, no es un negocio empresarial, cosa que sí es la otra; por lo tanto, no es verdad que la privada-concertada sea un servicio público para todas y todos, como se publicita, hay que decir que con la ayuda inestimable de algún sindicato de "clase". Esta doble red existente de privada-concertada y pública (queda fuera la privada no subvencionada que es pagada por sus familias) pervierte nuestro sistema educativo ya que se dedica dinero público a un modelo de escuela que discrimina en vez de integrar, ofreciendo básicamente la selección del alumnado e idearios religiosos para quien le interese.
No le voy a contar el cómo y el porqué de los conciertos educativos a la privada. Ya que entiendo conoce el proceso histórico que partió de unas subvenciones provisionales, durante los primeros gobiernos del PSOE, y actualmente se están configurando como una obligación del Estado en base a un supuesto derecho constitucional de "libertad de elección de centro". Quiere esto decir que la privada concertada ya no se relaciona tanto con el derecho a la educación, que está sobradamente garantizado por la escuela pública, como con esa " libertad de elección". Obviamente, y abogo a su clarividencia, ambas cosas no son lo mismo: la libertad de elección de centro no es un derecho, es una opción subjetiva y personal y, como tal, tiene un coste que no debe de recaer en lo público, sino en las familias que escogen ese modelo privado de enseñanza y no el Estado, ya que éste les proporciona la enseñanza pública. Eludo las causas, muchas de ellas espurias, por las que algunas familias reniegan de la escuela pública.
Las personas que, como usted, defienden la enseñanza privada-concertada sostienen que ponerla en tela de juicio es una injusticia porque atenta contra la igualdad de oportunidades. No entro sobre lo que pienso de lo que ustedes piensan de esa igualdad... Arguyen, sin embargo, que permite que las familias puedan disfrutar de las ventajas de mandar a sus hijos e hijas a un centro "no público", más allá de la capacidad económica de las mismas. Pero, estimada candidata del PP, no es así. Y no lo es porque la enseñanza privada-concertada, además de al erario público, también cuesta dinero a las familias, que como usted sabe, no todas están económicamente en condiciones de aportar mensualidades. Pero como vivimos en el país de " El lazarillo de Tormes", la picaresca se impone y, en este caso, la empresa clerical disfraza esa cuotas "voluntarias" como contraprestación por actividades extraescolares e incluso como donación a las entidades promotoras, lo que propicia la desgravación en la declaración de la renta.
La constatación de la Hacienda pública estos últimos días confirma lo injusto de esas donaciones voluntarias, por lo que exigirá la devolución de más de mil millones de euros supuestamente escamoteados, indebidamente, en forma de desgravaciones al fisco, en los últimos años. Sobre este particular, usted comenta que el Consejero de Educación "pone en tela de juicio cuál es el destino final de las aportaciones voluntarias (...)". Pues mire por dónde no solo es él, también desde el editorial de un periódico nacional titulado "Fraude de ley" se dice: "El cobro de cuotas por actividades extraescolares funciona en muchos casos como un mecanismo perverso de selección adversa, pues expulsa o disuade a las familias que no pueden pagarlas. A este inaceptable factor de desigualdad se añade ahora el fraude de ley que practican determinados centros concertados que cobran elevadas cuotas fijas, en algunos casos de más de 800 euros al mes. (...). En un sistema de recursos económicos limitados, donde las carencias del sistema público son notorias, no es aceptable que una parte de los fondos públicos sirvan para incrementar las desigualdades". Es decir, parece que Hacienda no se equivoca. Otra cosa es que se interprete en función de intereses políticos, que es lo que usted hace.
No sería honesto, por mi parte, más allá de los desacuerdos que mantengo con los conciertos, si no reconociese que no todos los colegios privados-concertados entran en los parámetros descritos. Los hay que recibiendo financiación pública asumen con honestidad la ley y la cumplen. Otros no, por ejemplo en el reparto de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales o de niños y niñas inmigrantes que llegan con carencias de formación. O en la casposa separación por sexos.
Mire, estimada candidata del PP, sin acritud, pero sí con sinceridad, no es el Consejero de Educación de Asturias quien desprestigia a la "enseñanza privada-concertada". El desprestigio en este país tiene un nombre, tanto para la enseñanza, sea pública o privada, como para otras instituciones, se llama corrupción y está perfectamente representada y delimitada en cierta política y por ciertos personas. Es así.
