No utilizo la palabra bomba como cosa o suceso extraordinario que produce gran impresión a nuestro alrededor, sino que me refiero a ese artefacto explosivo que se hace estallar en el momento conveniente como ejecución previa que precede a la barbarie.
El anuncio de la ministra de Defensa de paralizar el envío de 400 bombas de precisión láser encargadas por Arabia Saudí para bombardear objetivos civiles y militares en Yemen ha provocado controversias políticas, sociales y laborales. Es probable que estemos ante un conflicto que necesita mucha carga diplomática y política como contrapuntos a la espontaneidad.
Lo anunciado por la Ministra ha abierto un debate, a mi parecer, necesario ya que permite abrir agujeros por los que respirar. También importante ya que ni España ni el Gobierno pueden ser cómplices de las atrocidades de Arabia Saudí en Yemen. El debate en sí abre de nuevo el dilema sobre si ha de priorizar el empleo proclive a la producción y suministro de armamento bélico a utilizar en guerras que provocan muerte, destrucción, hambruna y, por si fuera poco, el éxodo de miles de migrantes. O si por el contrario, se ha de paralizar dicha barbarie a base de priorizar y ejercer una política antimilitarista, moralista y objetora de conciencia fundamentada en la idea de no a la guerra: a ninguna guerra.
Las grandes empresas de armamento no tienen ese dilema de conciencia, pues no solo fabrican bombas, sino que también fabrican guerras como arma recaudatoria de enormes beneficios. Se atrincheran en la clave de que sólo la guerra trae la paz al amparo colaboracionista de los gobiernos de turno. En su fuero interno no les importa el coste material y humano que causan las bombas y demás arsenal bélico que fabrican. Pero claro, arguyen, a modo de justificar su bárbara y criminal acción, que de cambiar esa dinámica industrial los países entrarían en una desaceleración política y económica derivada de la caída de producción, exportación y revocación de acuerdos que a miles de empresas subsidiarias y a cientos de miles de trabajadores al desempleo. Insisten en que el tema es muy complicado, y si lo tocan será peor para los trabajadores. Dicho de otro modo, chantajean a los trabajadores y a la ciudadanía en clave de encontronazo entre los perjuicios de unos y las emociones de los otros.
Desde el inicio de la fabricación en cadena de bombas se produce violencia, destrucción, muerte y migración. A partir de ese momento se precipitan también las responsabilidades. Nadie es ajeno. Gobiernos, empresas, operarios, comparadores, intermediarios, ejércitos y los mercenarios que las activan lo son. Resulta obvio apuntar que cada cual a nivel e interés distinto pero, en definitiva, escalonadamente cómplices responsables. Si bien en el caso de los trabajadores en general dicha responsabilidad la situaría mucho más allá del proceso productivo: la colocaría en el horizonte de la objeción de conciencia antimilitarista.
Quizás estemos ante un caso que al igual que se da en los escenarios de conflicto de guerra, obviamente con intensidad menor y resultados distintos, como es el del daño colateral derivado de una acción que se da de forma no directa.
Puntualizo que el objetivo de este articulo lo enmarco en la lógica del método. Es decir, parto del razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que, ésa es mi intención, existan contradicciones entre ellos.
Resulta conciliador el detectar que por primera vez desde hace varias legislaturas se ha abierto un espacio de diálogo sobre el comercio de armas tan defenestrado por la propia industria como tan deseado por el mundo civilizado, pacifistas y objetores de conciencia. Por lo tanto el anuncio de la ministra del ramo enfocando el tema de frente y en primera instancia inaplazable me resulta plausible. Pero se ha visto que con el paso de los días distintas y variadas presiones la han ido desenfocando hasta colocarla de perfil. En breve sabremos si queda dentro o fuera del objetivo o en que situación queda.
