Recientemente se publicó un reportaje relativo al flujo migratorio irregular hacia España, registrándose desde su inicio hace 30 años la llegada de 266.000 personas. El texto indicaba que, inicialmente, la migración ilegal partía hacia Canarias desde Senegal y Mauritania, país convertido en la primera base de las mafias traficantes con seres humanos, creándose una firme infraestructura comercial con venta de cayucos de madera, motores de primera o segunda mano y habilitando pensiones clandestinas para el inmigrante subsahariano de paso; a quien las mafias financiaban el viaje, reclamando el crédito, con intereses, cuando alcanzaban la Unión Europea a través de España.
Transcurridos los años, los países de origen y la motivación migratoria ilegal es similar a la inicial: intentar huir de la miseria. Sin embargo, hoy día ha cambiado el punto de partida (ahora es Marruecos) y destino (la costa andaluza del Estrecho). Así, en el año 2018, España ha sufrido la mayor crisis migratoria de su historia, con 62.000 inmigrantes llegados por mar (142% más que en 2017) y 769 ahogados (71% más que el mismo año), mientras la policía marroquí solo abortó 13.721 salidas.
Marruecos es el actual trampolín de África hacia la UE por varias razones. En primer lugar, es un país subdesarrollado donde existe una opulenta minoría social con su rey Mohamed VI al frente, un personaje cuestionado como estadista y reconocido vividor multimillonario, propietario de 12 palacios, 600 coches y que, según la revista Forbes, posee una fortuna superior a 2.000 millones de dólares, siendo el quinto sujeto más rico de África. Mientras, la mayoría de su pueblo malvive en la pobreza, alcanzándose un 45% de paro en las grandes ciudades.
Para mantener esta situación sociopolítica, Marruecos vive una democracia peculiar donde la libertad de expresión está encorsetada, sobre todo con la juventud y, aunque exista una Asociación Nacional de Derechos Humanos, sólo vale la sumisión al poder. Así, según "Frontex" (Agencia de Control de Fronteras de la UE), desde el año 2016 se registran oleadas de protestas en la región del Rif, con 400 encarcelados, mientras muchos jóvenes entre 15 y 24 años desean emigrar. Concretamente, el 30% de varones y el 50% de mujeres (diferencia debida a la degradación social femenina, que carece de reconocimiento por trabajar más que el varón).
En segundo lugar, una supuesta tolerancia gubernamental a la corrupción ha generado mafias dedicadas al tráfico de seres humanos, negocio más rentable que el del hachís. Según este reportaje, dichas mafias se organizan para controlar la migración magrebí y subsahariana desde Tánger y Nador con ayuda de la población local, la mayoría en paro. Así, tras comprar grandes lanchas neumáticas o "balsas de juguete" de fabricación China, concentran a sus "clientes" en pisos patera de Tánger o en varios asentamientos de los bosques próximos a Nador, dirigiéndose a España por dos vías. La primera es desde Tánger por el Estrecho, mientras la segunda es desde Nador hacia Málaga o Almería, cruzando el mar de Alborán con posible paso por la isla de Alborán. El coste del viaje por persona oscila entre 500 y 1.500 euros, según sea con una balsa inestable o una lancha de mayor tamaño, aunque vayan saturadas al doble de su capacidad habitual. Procede precisar que la volcánica isla de Alborán es como un portaviones anclado entre Melilla, a 55 kilómetros, y Almería, a 85 kilómetros, donde solamente hay un faro, un barracón para albergar a los diez militares de la Armada que la defienden y un pequeño puerto.
En otro tiempo, esta isla fue un enclave militar con valor estratégico pero, actualmente, supone un anacronismo si no adquiere el cometido de contener la inmigración ilegal. Así, la isla podría servir para identificar los inmigrantes económicos, tributarios de repatriar a Marruecos, y distinguirlos de los refugiados políticos, tributarios de traslado a España, como antiguamente se hacía en la isla de Ellis (Nueva York) para acceder a los Estados Unidos. En tercer lugar, la vía migratoria marroquí ha sido potenciada por el bloqueo parcial de la ruta libia, debido al cierre de los puertos de Malta y de Italia.
Acto seguido, procede preguntarse: ¿cómo actúa el Gobierno español para detener esta avalancha de pateras? Según recientes declaraciones de Consuelo Rumí, Secretaria de Estado de Migraciones, "se trata de que Marruecos no tenga ninguna excusa para no colaborar". En este sentido, durante su reciente visita a Rabat, el Presidente Sánchez informó al rey Mohamed VI sobre la extrema necesidad para España de que cesara la actual avalancha marroquí de pateras y que se normalizaran sus repatriaciones.
La respuesta marroquí fue favorable, a cambio de recibir los 140.000.000 euros prometidos por la UE para reforzar su control de fronteras; facilitar en España programas Erasmus o de post-grado para sus universitarios y mandar técnicos españoles para darles formación profesional en sanidad y turismo, peticiones propias de un auténtico "plan Marshall".
Sobre las repatriaci.ones, se trató el tema de los 11000 menores, un setenta por ciento marroquíes, llegados a España sin tutela de adultos dado que se incumplía el acuerdo de repatriación ya firmado con Marruecos en 2007. La respuesta marroquí fue de mandar una misión a España para identificar esos menores y valorar quién podía ser devuelto a sus familias. Esta decisión implicaba dos obstáculos: el primero era que, por lógica, una familia que "facturaba" en patera a su menor rumbo a España no deseaba su devolución y, por ello, su custodia correspondería al Gobierno marroquí; quien, intuyo, no era mínimamente sensible al tema. Otro escollo era una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009, que reconocía el derecho del menor a evitar ser repatriado si, estando bien informado, lo rechazaba.
Dicho esto, a mi juicio, en Marruecos hay un conflicto socio-económico grave que debe resolverse en clave doméstica sin implicar a la masiva inmigración a España, ni forzarnos a financiar a ese reino un "plan Marshall" para controlarla. Esa posibilidad es tan ingenua como inaceptable.
En definitiva, los 30 años de inmigración irregular en dirección a España han conducido a una situación límite de la que se beneficia la derecha radical, representada por Vox, por torpeza de la izquierda radical o miedo a perder votos -disfrazado de decencia política- del PSOE, PP y Ciudadanos. ¿Acaso solo Vox puede tener el valor de solventar semejante problema? Triste pero, aparentemente, cierto.
