Cuando se llega a una cierta edad, además de ser jubilado, te conviertes en una persona dependiente, de manera especial del área de la sanidad pública. El médico de cabecera y la enfermera/o se convierten en una parte de tu familia. Es ya bien sabido que España tiene, si no la mejor, sí una sanidad pública de las más prestigiosas del mundo, tanto en rigor científico como en confort y en tratamiento humanitario. Recientemente lo comprobé personalmente. Primero fue en el HUCA y posteriormente en el Hospital de Cabueñes. De ahí que cualquier noticia sobre la reivindicación de los médicos o los enfermeros de la sanidad pública los hago personales.
Estos días seguí con mucha atención el llamado caso de los "enfermeros sancionados", una categoría para mí desconocida. "Sancionado" se aplica a uno de los miembros de este colectivo que rechaza una oferta de categoría, teóricamente superior en su escalafón. Desde mi nulo conocimiento en relaciones laborales, pero sí con el suficiente espíritu crítico, me parece una injusticia, aunque sea legal, la decisión tomada por la gerencia de dicho hospital de calificar con este atributo a unos ochenta enfermeros, con un contrato fijo para todo este año 2019, por no haber aceptado la oferta de acceder a una vacante.
Cualquier miembro de cualquier colectivo de funcionarios -y quien subscribe perteneció a este colectivo durante cuarenta años pasando por una jerarquización de lo mínimo a lo máximo- habría hecho lo mismo. La persona que tiene un contrato fijo durante un año, que finaliza con el año natural, no se le ocurre optar por una plaza vacante, en abril, en vísperas de unas oposiciones que tienen lugar en mayo, por lo que en junio la vacante puede pasar a ser ocupada por el titular que sacó la oposición. Es decir, las posibilidades de irte a la calle son muy altas y tu proyecto familiar corre un grave riesgo; por tanto, no se puede vender esa oferta como una mejora de tu estatus laboral. De ahí que no parece que sea justo -aunque sea legal, pero lo legal con frecuencia es injusto- que pongan el cartel de "sancionados" a quienes no han optado por esa oferta engañosa, si no hay una explicación clarificadora previa para tomar una decisión. Esos ochenta enfermeros "sancionados" tienen un curriculum muy cualificado por el que en su día fueron considerados merecedores de un contrato anual; es decir, de alguna manera ellos fueron los que "generaron" esas vacantes y ahora se encuentran con una decisión interna que les impide optar a ellas invocando el "sanbenito" de que están sancionados. Desconcertante antinomia. ¿Por qué no se espera, como este colectivo muy razonablemente pide, a que finalice su contrato y puedan optar, en igualdad de condiciones curriculares, a esas vacantes? No. Con toda celeridad, la gerencia del Hospital de Cabueñes, con la connivencia e inhibición de los sindicatos, las adjudican sin que los "enfermeros sancionados", los más cualificados en su expediente curricular, puedan optar, porque reiteran el "sanbenito" de que están "sancionados". Esta decisión parece ser exclusiva de Gijón.
¿Por qué no se aplican los mismos criterios que se aplican en otras áreas sanitarias de Asturias donde, razonablemente, se va a esperar a enero para adjudicar esas vacantes?
Si no se entiende esa decisión injusta, menos aún la connivencia o inhibición de los sindicatos. Jacinto Benavente escribió hace muchos años una novela que se titulaba "Los intereses creados". Algo huele a podrido. Por eso acudí a la manifestación que a la entrada del Hospital de Cabueñes convocaban estos "enfermeros sancionados" y me conmovió ver angustiadas a enfermeras que me había atendido meses antes con la mayor profesionalidad, el cariño y el afecto que uno necesita cuando tiene que pasar por esa situación de persona dependiente.
Ojalá, bien el sentido común, bien la justicia ordinaria subsanen este desatino a los ojos de este jubilado y enfermo crónico.
