Imponer un horario de cierre, prohibir usar la barra o reducir el aforo de un local no limita derechos fundamentales, por eso esas medidas no necesitan el aval de la Justicia. Seguirán en vigor aunque supongan la ruina para miles de bares pequeños y aunque resulte imposible sacar a los trabajadores de los ERTE por la falta de clientela.
