El estado de alarma ha permitido hasta ahora limitar derechos como el de reunión o el de movimiento. "No había otra alternativa para lo que pudiera ser la garantía jurídica de decisiones que afectan a derechos fundamentales", dice el lehendakari Iñigo Urkullu. Los presidentes autonómicos piden al Ejecutivo que cumpla lo que prometió el pasado mayo. Alternativas legislativas que avalen sus decisiones. Pero esto no se ha hecho y ante ese vacío legal las comunidades temen volver a pasar por el vía crucis de gestionar la pandemia sin estado de alarma. Ya les ocurrió el verano pasado. Se decretaron cierres perimetrales para controlar el virus en localidades de Cataluña, Castilla y León, Aragón... Y mientras en unos sitios un juez tumbaba la decisión, en otros los juzgados la avalaban. Un guirigay judicial que también afectó al derecho de reunión. Por ejemplo en Extremadura un juez rechazó que las reuniones familiares se limitasen a 15 personas. El Ejecutivo dice que la situación ha cambiado y fía todo a la vacunación y a las decisiones del Consejo Interterritorial de salud. Pero esas decisones se podrán recurrir ante el Supremo.