Orfandad política

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El 13 de septiembre la Vicepresidenta de España acudió a Bruselas para visitar al Sr. Puigdemont, resucitándole políticamente. Tras una etapa de razonable desinflamación del conflicto en torno al Procés, y de una trabajosa vuelta de las aguas a su cauce, Yolanda Díaz regala a Carles Puigdemont la foto soñada: ante la opinión pública internacional y ante su menguada y desmoralizada parroquia puede presumir de que el Gobierno Español le busca, le sonríe, le trata como a un igual y le concede el protagonismo perdido. El mundo al revés: una alta representante de la institucionalidad española poniéndose a disposición de un prófugo de la Justicia que pretendió liquidar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña y realizó una declaración unilateral de independencia. La parte socialista del gobierno limitó su respuesta a esta visita a que no habían sido informados.

Por supuesto que la concordia, por la vía del diálogo, la empatía y los acuerdos, es el camino. Pero nunca a cambio de invertir los papeles: quien se salta la ley no puede ser quien pone las condiciones; antes deberá rendir cuentas ante los tribunales, y después ya se dialogará. Lo contrario, lo que parece que se está proponiendo, es una bofetada a quienes defienden sus posiciones respetando la ley, y un peligroso incentivo a la insubordinación y a la insolidaridad.

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El uso de las lenguas cooficiales en igualdad de condiciones en el Congreso de los Diputados es un tema relevante y que merece un debate sereno. Todo lo contrario a su aprobación por vía de urgencia, modificando la posición reiterada del PSOE hasta la fecha (que implicaba total respeto y aprecio por las lenguas cooficiales, aceptar su uso puntual y acotado de modo simbólico, pero no su uso ordinario. Se consideraba que se perdía más que se ganaba en los debates parlamentarios si se introducía la necesidad de intérpretes, en vez de comunicarse directamente en castellano, la lengua común de todos los ciudadanos a los que nos afectan esos debates).

También llama la atención la premura por introducir las tres lenguas cooficiales en la Unión Europea, y la prioridad de que, si sólo puede ser una, sea el catalán. Una vez más todo apunta a una voluntad por parte del gobierno de obtener los votos necesarios para la investidura, premiando a los más desleales a las reglas del juego democrático.

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Aunque este extremo está por confirmar, las declaraciones del Presidente del Gobierno apuntan a la concesión de una amnistía, con el nombre que decidan ponerle, a los implicados en el Procés. En nuestro orden constitucional caben los indultos (todos los gobiernos los han concedido con más o con menos tino) pero no la amnistía. La amnistía es una fórmula habitual empleada para borrar el daño y los excesos cometidos por regímenes no democráticos, una fórmula de borrón y cuenta nueva con asunción de culpa por parte de quien la concede. Estas actitudes de debilidad y sometimiento del Estado democrático ante quienes lo desafían suponen un mal precedente para el futuro, y la invitación a nuevos desafíos al margen de la ley, ante la expectativa de que esas conductas tienen premio o salen gratis.

Y 4

Existe una parte del electorado progresista moderado que, a la vista de los recientes pasos dados por el PSOE, siente una gran orfandad política. Los partidarios de un gobierno sensible a las minorías pero que responda a las posiciones mayoritarias en la sociedad española, ven con desagrado la alternativa que se propone para conformar gobierno. La opción de trasvasar sus votos al PP no resulta atractiva con un Feijó que no acaba de embridar a la derecha de su partido, y aliado con Vox.

En definitiva, sentimiento de orfandad política para un electorado progresista que observa con preocupación cómo, en el actual PSOE, la necesidad aritmética parece arrastrarle a una indigencia de valores y de programa.