Barcelona / Oviedo
El Estado destinará 800,13 millones más en infraestructuras para Cataluña en 2009, que sumados a los 4.006 millones ya previstos en los Presupuestos Generales, eleva la cifra a 4.806 millones, lo que incluye compensar parcialmente el déficit registrado en 2007. Así lo pactaron ayer los gobiernos central y catalán tras la reunión de la comisión bilateral, en la que participaron la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el «conseller» de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura.
Ambos destacaron que con este acuerdo se cumple la disposición adicional tercera del Estatuto catalán sobre el porcentaje de inversiones que el Estado debe destinar a Cataluña.
Según Salgado, la cifra total «supera» lo previsto en el Estatut, entre otras cuestiones porque incorpora 140 millones de euros para compensar parcialmente los 500 millones de déficit registrado en 2007, el primer año de aplicación del nuevo Estatut, una cuestión que se acabará de solventar más adelante, cuando se cuente también con la liquidación de 2008.
De los 800 nuevos millones acordados ayer, más de la mitad (453) se destinarán a inversiones en ferrocarriles y carreteras, 224 a infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua y regadíos, 83,1 a innovación, y 39,4 a actuaciones industriales.
La ministra Salgado, aseguró que el Gobierno español está «absolutamente decidido» a cumplir el Estatuto catalán y que «no se puede dudar» de la voluntad del Ejecutivo de aplicar por completo esta ley orgánica.
La Ministra quiso «quitar un poco de tensión» a la demora en el acuerdo del nuevo sistema de financiación, cuyos plazos figuraban en el Estatuto de Cataluña y que ya se han superado con creces. «Aunque se supera el calendario, el sistema va a tener su eficacia desde el 1 de enero de 2009».
El Principado espera a que el Gobierno central presente las cifras de la financiación autonómica, tras admitir que las proyecciones planteadas hasta ahora no le gustan. Los socialistas asturianos abogaron por centrar esfuerzos en la crisis y aparcar la financiación autonómica, pero los plazos que establecía el Estatuto de Cataluña y el compromiso del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero precipitaron una negociación que sigue sin cerrar.
