Expertos y sindicatos ven «contaminación» política en las adjudicaciones del Principado

Las acusaciones de contaminación política ponen en entredicho el modelo de adjudicación de contratos públicos por parte de la Administración del Principado. Expertos, letrados y responsables de colectivos y sindicatos de funcionarios abogan por reducir la presencia de empleados públicos de libre designación en este tipo de procesos, que ya han sido puestos en tela de juicio en algunos informes emitidos por la Sindicatura de Cuentas. De esta manera, con la participación de funcionarios de un «perfil más técnico» y que deban el puesto a un concurso de méritos y no al «dedazo» del consejero de turno, «sería posible que las contrataciones no vieran condicionada su imparcialidad por una relación clientelar que, en el fondo, puede favorecer las adjudicaciones dirigidas», apunta Javier Villa, presidente del Conceyu por Otra Función Pública en Asturias.

José María Estrada Janáriz, letrado del Servicio Jurídico del Principado, reconoce que el sistema actual permite alimentar la «sospecha de falta de imparcialidad» de los funcionarios que tienen la capacidad para promover unas adjudicaciones que, en último término, son aprobadas por los consejeros. Según apunta, las mesas de contratación están integradas por personas que, «en su inmensa mayoría», deben su puesto «al generoso dedo del Consejero, y que pueden perderlo al menor descontento de quien los puso». Se trata de un modelo en el que hasta los interventores son de libre designación por parte de los políticos, y en el que, según denuncia Estrada, «priman la confianza personal y el amiguismo sobre el mérito y la capacidad».

Javier Villa apuntala estas opiniones asegurando que, además de la discutible composición de las mesas de contratación, «muchas veces se da el caso de que los pliegos de adjudicación son redactados por jefes de servicio, también nombrados a dedo, con lo que todo el proceso corre el riesgo de contaminación política y alimenta las sospechas de que sea conducido para beneficiar a alguien». Alejandro Huergo Lora, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, apuntaba en un artículo publicado este verano en LA NUEVA ESPAÑA que la contratación pública «sigue siendo, también en España, uno de los centros de corrupción», proponiendo un «verdadero control judicial» sobre ellos en aras de mantener las garantías de «independencia e imparcialidad».

José Luis Rodríguez, de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), también es de la opinión de que los procedimientos de contratación habituales en la Administración autonómica «abren la puerta» a que los políticos de turno puedan dirigir la adjudicación. «El Consejero tiene la potestad para destituir a la mayor parte de los funcionarios que toman parte en el proceso, y éstos lo saben», señala Rodríguez, quien también aboga por «fomentar la presencia de funcionarios que hayan pasado un concurso de méritos» frente a unos cargos de libre designación que, a su juicio, deben de ser «sólo los imprescindibles»

Una sentencia emitida por del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el pasado abril y que ha sido recurrida por el Principado es clave en esta argumentación. En ella, además de anular el nombramiento de 281 altos funcionarios elegidos a dedo, se pone de manifiesto que el Gobierno regional abusa de la libre designación para cubrir puestos de responsabilidad, en lugar de acudir al concurso de méritos. Javier Gavira, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), sostiene que la sentencia «prueba» que el modelo del Principado evita la «deseable independencia del personal que participa en las contrataciones».