Oviedo,

María José IGLESIAS

Las empresas privadas que desarrollan actividades en zonas forestales soportarán más presión fiscal a partir de 2011. Las arcas del Principado esperan recibir entre 14 y 18 millones de euros anuales a través de un nuevo tributo que gravará la ocupación de montes con instalaciones industriales ajenas a la agricultura, la ganadería, la explotación maderera o los trabajos en los bosques.

El impuesto, que persigue compensar el deterioro medioambiental, fue anunciado ayer por el consejero de Medio Rural, Aurelio Martín, de Izquierda Unida, y el director general de Política Forestal, Joaquín Arce. Afectará a 5.000 kilómetros de líneas de transporte de electricidad; 500 kilómetros de gasoductos y oleoductos; 1.000 de líneas de telefonía y telemática; 10.000 metros de remontes mecánicos de mercancías; 1,1 millones de metros cuadrados de minas y canteras; 387 aerogeneradores; 434 instalaciones que incluyen estaciones y subestaciones eléctricas, antenas de telefonía, repetidores, postes, transformadores y medidores.

Los pagos no gravarán bienes de titularidad pública como los remontes y pistas de las estaciones de esquí de Pajares y Fuentes de Invierno, salvo que la gestión pase a manos privadas. A pesar de que en la lista de instalaciones afectadas figuran los funiculares, el de Bulnes, único que funciona en Asturias, tampoco estará incluido porque pertenece al Principado.

El nuevo tributo verde será el segundo de carácter autonómico en volumen de ingresos, tras el canon de saneamiento, implantado en el 2000, que se ha incrementado desde entonces un 68%. La tasa se incorpora a los recibos del agua y tiene como propósito financiar las mejoras en las redes de abastecimiento de la región. El nuevo impuesto también tiene como objeto conservar los montes. Martín destacó que prima la finalidad ambiental ante la recaudatoria, pero reconoció que servirá para aumentar los ingresos, «algo tan importante en estos momentos». Y es que el dinero supondrá un notable «balón» de oxígeno para la Consejería, que gestiona este año partidas de 260 millones de euros. La contribución de la medida fiscal, con precedentes en Galicia, Aragón, Cataluña, Navarra y Extremadura, equivaldrá, por ejemplo, a lo que se gasta el Gobierno regional en el plan «Leader» destinado a proyectos de desarrollo rural. Según las previsiones, los ingresos podrán alcanzar en el futuro los 21 millones, contando los proyectos de instalación de aerogeneradores de energía eólica y la realización de 525,8 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión previstos en el documento de planificación de los sectores de electricidad y gas, hasta el año 2016. La implantación del canon se sustenta en un estudio realizado por Roberto Fernández Llera, profesor de Economía Pública de la Universidad de Oviedo, por encargo de la Dirección General de Política Forestal. El documento argumenta que el tributo no choca con los que cobran los ayuntamientos. Además, considera «improbable» la repercusión del impuesto al consumidor, con el recibo de la luz. Para que la tasa entre en vigor el Gobierno debe aprobar la norma a fin de tramitarla con la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2011.