Primera condena a una residente de un geriátrico público asturiano por golpear a una auxiliar: "Os voy a rajar"

El maltrato a trabajadoras de una residencia de mayores de la red pública autonómica (ERA) ya ha llegado a la esfera judicial. El juzgado de instrucción número 3 de Oviedo acaba de condenar a una usuaria de la residencia de El Cristo (Oviedo) por golpear a una auxiliar para impedir que le diera una medicación y por amenazar a otras empleadas, a quienes dijo "os voy a matar, os voy a rajar". Las empleadas, asesoradas por sus respectivos sindicatos, han decidido empezar a denunciar este tipo de conductas, después de que meses atrás la consejería de Derechos Sociales se negase a incorporar un complemento de peligrosidad en las nóminas de este colectivo, que el comité de empresa reivindica con el argumento del progresivo aumento de residentes con un perfil psicosocial problemático.

El incidente, objeto ahora de condena judicial, se produjo el pasado 23 de septiembre cuando una residente rechazó la medicación que le trataba de dar una auxiliar, a la que agredió con un golpe en el hombro. Al acudir otras trabajadoras para ayudar a su compañera, la acusada se dirigió a todas ellas, diciéndoles "os voy a matar" y "os voy a rajar". La trabajadora agredida, según recoge la sentencia, "no resultó con lesiones físicas, si bien estuvo de baja por ansiedad desde el 26 de septiembre hasta el 18 de diciembre de 2023", es decir casi un trimestre.

La sentencia del juzgado 3 de Oviedo concluye que los hechos probados suponen un delito leve de maltrato de obra, por una agresión que no acarrea lesión física, y otro leve de amenazas. La residente ha sido condenada a un mes de multa por el maltrato y a 40 días de multa por las amenazas, en ambos casos con cuota diaria de 6 euros. Además, la condenada tendrá la prohibición de acercarse a menos de 25 metros a la auxiliar a la que agredió durante tres meses. El sindicato USIPA, que asumió la representación de una de las trabajadoras de la residencia de El Cristo, sostiene que este tipo de situaciones "van en aumento por el incremento de residentes con perfil psicosocial". De ahí la reivindicación planteada por el comité de empresa, que se movilizó el año pasado para exigir el pago de un complemento de peligrosidad, encontrándose con la negativa rotunda de la anterior consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez.

Aunque esta es la primera sentencia de esta naturaleza tras la conflictividad denunciada por la plantilla del ERA, mayoritariamente femenina, a partir de ahora las trabajadoras están dispuestas a denunciar estos casos, "para visibilizar el problema, ya que la presencia de residentes con ese perfil es un riesgo para ellos y para el resto de mayores y también para las trabajadoras", según USIPA.

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