Europa no solo amonesta al PP por la polémica prórroga del peaje del Huerna... también atiza al PSOE: "Es incoherente"

Bruselas cuestiona las razones que alegó el Ejecutivo de Sánchez en 2022 para justificar la ampliación que hizo el PP

Una imagen de archivo del peaje del Huerna.

Una imagen de archivo del peaje del Huerna. / M. López

«La Comisión Europea considera que existen incoherencias en los argumentos utilizados por las autoridades españolas». Es otra conclusión a la que llega la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), en el informe en el que dice que la prórroga del peaje del Huerna es ilegal y apunta a que el Gobierno de José María Aznar, con el asturiano Francisco Álvarez-Cascos como vicepresidente, la hizo para sacar más dinero de la posterior privatización de Aucalsa, empresa concesionaria.

La UE responsabiliza al Gobierno del PP, pero también da un toque al anterior Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez (2020-2023), cuando Raquel Sánchez era la ministra de Transportes, por justificar aquella operación. La concesión que tenía que finalizar en el 2021 se amplió hasta el 2050 mediante una decisión tomada en 2000. En ese momento, Aucalsa era una compañía pública y tres años después se privatizó por 1.586 millones de euros. En la primera legislatura de Sánchez, el Gobierno central defendió la legalidad de la prórroga del peaje. Lo hizo, según destaca la Comisión, invocando la llamada excepción «in house», un concepto jurídico por el cual un estamento público puede permitirse no aplicar las normas de contratación pública si lo hace con otra entidad pública.

El Ejecutivo utilizó en enero de 2022 ese argumento, valiéndose de dos sentencias anteriores y destacando que Aucalsa era pública cuando se amplió el peaje. La Comisión las rebate y dice que «existen incoherencias». Además, recuerda que dos años antes, en febrero del 2021, el Gobierno «no mencionó la excepción ‘in house’ en un documento elaborado para responder a las preguntas de la Comisión sobre las modificaciones de la concesión de la AP-9 (autopista gallega)». La UE considera en el mismo caso ambas prórrogas, la de la AP-9 a Audalsa y la de la AP-66, la del peaje del Huerna, a Aucalsa.

Bruselas va más allá. «La Comisión también observa que las declaraciones de las autoridades españolas sobre la ausencia de relación contractual (entre el Estado y Aucalsa, que es lo que alegó el Gobierno) no son coherentes con la existencia de los dos contratos de concesión». La Comisión considera, que como Aucalsa se privatizó, ya no puede aplicarse el principio «in house» y dice en su escrito que «observa varios indicios de que ni el Ministerio de Fomento (en el año 2000, con el Gobierno del PP) ni Enausa (que englobaba a Aucalsa y Audalsa) pretendieron nunca seguir el objetivo de la excepción ‘in house’ durante la totalidad de la ejecución de los contratos de concesión».

Europa cerca de este modo las razones que, especialmente desde el ministerio de Transportes de Raquel Sánchez, ya fuera del Gobierno, se dieron sobre la ampliación del peaje. La Comisión da ahora dos meses al actual Gobierno para que se explique sobre la prórroga, que podrían ser diferentes teniendo en cuenta el cambio que tuvo lugar en el Ministerio en esta legislatura, cuando Óscar Puente sustituyó a Raquel Sánchez en el cargo.

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