El Gobierno regional rectifica y pide aplazar la devolución de 700 millones al Estado

El Gobierno asturiano se alinea ahora con las autonomías que piden al Estado un aplazamiento para la devolución de los anticipos de la financiación autonómica. El Principado reclama al Gobierno central «una solución más flexible» después de que el consejero de Economía, Jaime Rabanal, revelase, el pasado martes, que Asturias tiene que devolver al Estado alrededor de 700 millones en los próximos seis años por el dinero que recibió de más en 2008 y 2009 en concepto de adelanto del sistema de financiación autonómica. El Gobierno regional admitió ayer su preocupación por el impacto que esa devolución tendrá sobre los Presupuestos regionales a partir de 2012.

Varias autonomías, gobernadas tanto por el PP como por el PSOE, ya levantaron la voz el pasado verano, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para reclamar al Gobierno central que ampliase el plazo de pago de cinco a diez años, o bien que esperase a que la economía volviese a crecer a un ritmo del 2 por ciento. Los gobiernos autonómicos más enérgicos en aquel frente fueron los de Galicia, Canarias, Valencia y Extremadura. En aquel momento, cuando el Ejecutivo asturiano sólo tenía confirmada la devolución de 171,2 millones por el anticipo correspondiente a 2008, la posición del Principado era más suave, hasta el punto de que era una de las pocas comunidades dispuesta a asumir el pago al Estado sin más demoras. El Gobierno regional ha variado ese discurso nada más conocer la previsión que el consejero de Economía maneja sobre el anticipo de 2009 y que eleva la devolución por ese ejercicio a una cifra que oscilaría entre los 500 y los 600 millones.

La portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, dejó patente ayer «la posición política» del Gobierno asturiano sobre la devolución. En primer lugar, recalcó que el desfase en el anticipo «no es imputable al Principado», sino a los cálculos «demasiado optimistas» que realizó el Estado, tomando como base los datos económicos de 2006. «Todas las autonomías estamos en circunstancias parecidas, ya que entre todas deberemos devolver unos 20.000 millones de euros, una cifra importantísima, casi el 2% del PIB».

Ana Rosa Migoya reconoció que la cuantía de esa devolución «tiene mucha trascendencia, mucha enjundia, para las comunidades autónomas, que no tenemos ninguna responsabilidad». La consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Ejecutivo asturiano sostiene que «el Gobierno de España debe buscar una solución más flexible con el conjunto de las comunidades autónomas».

El Gobierno regional considera, además, que el ámbito para negociar esa solución flexible debe ser multilateral. «Esto no forma parte de una discusión bilateral, sino que entendemos que todos estamos afectados y que debe ser una solución que se busque conjuntamente entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España, de más flexibilidad en la devolución, teniendo en cuenta, además, el escenario de crisis económica que estamos viviendo», señaló la Consejera, que llamó la atención sobre el hecho de que otras autonomías «están muchísimo más afectadas en lo que son sus ingresos que Asturias». Migoya, no obstante, reconoció que el Gobierno regional está «preocupado» por el impacto de esa devolución, de ahí que plantee la necesidad de una negociación en un ámbito multilateral, que podría ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Galicia tendrá que abonar 2.500 millones de euros por el desfase de los anticipos de 2008 y 2009, y Andalucía deberá reintegrar en torno a los 3.000 millones de euros, mientras que Valencia ya tiene confirmados 635 sólo correspondientes a la anualidad de 2008, anualidad por la que Cataluña deberá reembolsar al Estado 690 millones de euros.

En principio, si el Gobierno central no flexibiliza la fórmula de pago, las autonomías deberán reintegrar el desfase entre el anticipo y la liquidación definitiva en 5 años, con uno de carencia. Es decir, el Principado deberá incluir en sus próximos Presupuestos, los de 2011, un primer pago de 34,2 millones de euros, por el desequilibrio en el anticipo de 2008. La situación para las arcas públicas regionales se agravaría al siguiente ejercicio, ya que en el Presupuesto de 2012 debería hacer frente a un pago de unos 140 millones de euros, aproximadamente.