Cataluña ha abierto la veda del «tijeretazo» en la sanidad pública. Sólo cinco meses después de ganar las elecciones autonómicas, el Gobierno nacionalista de CiU ha decidido recortar el coste anual de la sanidad pública en 1.000 millones de euros, un 10% de su presupuesto anual. Los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA consideran que la caída de ingresos por la crisis obligará a todas las autonomías a abordar recortes y ajustes en su sistema de salud, pero discrepan del método seguido por la Generalitat catalana, que se traducirá en la supresión de camas hospitalarias, la reducción de plantilla en cerca de 10.000 empleados, el cierre de los quirófanos por las tardes y el aumento en las listas de espera. Sostienen que la adopción de medidas, inevitable, debe ser liderada por el Gobierno central mediante una reforma del Sistema Nacional de Salud, y no de forma unilateral desde una comunidad autónoma, por mucho que Cataluña haya sido con anterioridad punta de lanza de otras reformas de ámbito nacional, como la del sistema de financiación autonómica.
l El recorte catalán. La Generalitat se ha marcado como objetivo reducir el 10% de su gasto sanitario anual, que se sitúa en 10.177 millones de euros. «La Visa no da para más». Así de directo se expresó Boi Ruiz -presidente de la patronal del sector sanitario concertado hasta que Artur Mas le nombró consejero de Salud-, para justificar un «tijeretazo» sin precedentes en la sanidad pública del país. Las primeras consecuencias de ese ajuste no se han hecho esperar. Los hospitales catalanes tendrán que recortar su presupuesto entre un 8 y un 16%, perderán dos mil camas, algunos centros cerrarán plantas enteras a lo largo del próximo verano y se quedarán sin empleo cerca de 10.000 de los 70.000 trabajadores de su sistema de salud, según afirmó el asturiano José Alvarez, secretario general de UGT en Cataluña. «Los ciudadanos se han movilizado y reaccionado de una manera muy importante porque el Gobierno de CiU ha actuado de una manera muy poco racional. Por ejemplo, se han desprogramado operaciones de pacientes que ya estaban rasurados», sostiene el dirigente sindical.
l Dos modelos distintos. El modelo catalán de salud presenta diferencias significativas respecto al sistema asturiano. Los 70.000 empleados de la sanidad catalana se reparten en tres grandes bloques: 34.000 trabajan para el Instituto Catalán de Salud, 20.000 para el sector concertado, al que la Generalitat contrata aproximadamente el 25% de sus servicios, y 16.000 en consorcios públicos y en centros sanitarios vinculados bien a las diputaciones provinciales o a entidades de ámbito municipal. La sanidad pública asturiana, repartida entre ocho hospitales y ocho áreas de salud, concentra el grueso del personal sanitario de la región, que suma más de 13.000 empleados.
Otra peculiaridad del sistema catalán respecto al sanitario es el importante peso que tienen las mutuas privadas. Cientos de miles de ciudadanos, explica José Álvarez, están afiliados en la mayoría de los casos «por tradición familiar a mutuas que complementan al sistema público, ya que no ofrecen una asistencia global pero sí resuelven intervenciones quirúrgicas que no sean muy importantes». Por el contrario, en Asturias la cobertura pública exclusiva es del 86%, mientras que el 13,5 por ciento tiene una cobertura mixta y sólo el 0,3 por ciento, únicamente privada. Otra de las diferencias entre la sanidad catalana y asturiana es la dispar tendencia demográfica. En Cataluña se ha producido un incremento de 400.000 cartillas desde el año 2006, mientras que en Asturias se han estancado y hasta descendido, por el crecimiento vegetativo negativo de su población, con uno de los mayores índices de envejecimiento del país.
l Ajustes inevitables. Ninguno de los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA -el ex presidente del Principado y ex consejero de Salud, Juan Luis Rodríguez-Vigil; el consultor y asesor en gestión sanitaria, Francisco Javier Elola, y el médico del Hospital San Agustín y ex viceconsejero de Salud en Andalucía, Enrique González-, discute la necesidad de ajustes y reformas en el sistema de salud. «La sanidad no admite bromas. En Cataluña tienen problemas muy graves de tesorería, pero si dirigieran sus recursos en otra dirección, esos problemas serían menores», afirma Rodríguez-Vigil. «Si hay menos dinero habrá que introducir cambios, pero teniendo muy claro que el sistema sanitario debe ser prioritario porque es el principal factor de igualdad», afirma el ex consejero de Salud.
Francisco Javier Elola, que meses atrás realizó un estudio sobre la situación de la sanidad asturiana, sostiene que «la necesidad de tomar medidas es inevitable y se asumirá de forma generalizada, pero deberían adoptarse en un acuerdo dentro del Sistema Nacional de Salud. Es muy complicado que una autonomía pueda impulsarlas de manera unilateral».
También el dirigente sindical José Alvarez admite la necesidad de introducir «racionalidad y austeridad en el sistema de salud, pero mejorando su calidad y con criterios que lo hagan sostenible. No como ha hecho la Generalitat que quiso cerrar el debate sin abrirlo y ahora, tras la fuerte movilización ciudadana que no se esperaba, explicará los criterios generales de su política», avanzó el secretario general de la UGT catalana.
